Tras casi tres semanas de debate oral, el tribunal integrado por los jueces Rafael Coria, Florentino Malaponte y Trinidad Chiabrera absolvió este viernes al mediodía a los cinco policías acusados por la muerte de la docente y bibliotecaria María de los Ángeles París, ocurrida el 3 de mayo de 2017 dentro de la comisaría 10ª de Rosario, de Darragueira al 1100, en Alberdi.
Los magistrados entendieron que los agentes actuaron dentro de sus funciones como empleados públicos y no hallaron responsabilidad penal en los hechos, pese a que la fiscalía y la querella habían planteado un caso de violencia institucional con uso desmedido de la fuerza y graves negligencias.
Erica con la foto de su mamá, en la primera audiencia del juicio oral.
El comisario Silvio Adrián Cortés y la suboficial Susana Beatriz Domínguez habían llegado al juicio acusados de homicidio preterintencional, mientras que los policías Damián Zalazar, Silvina Gianotti y Andrea Allovatti enfrentaban cargos por incumplimiento de deberes. La fiscal Karina Bartocci había pedido 4 años de prisión para Cortés y Domínguez y un año de inhabilitación para el resto del personal.
Según la teoría del caso planteada por el MPA, París —de 45 años, bibliotecaria de la escuela Gurruchaga— ingresó a la seccional para pedir ayuda tras un intento de robo, pero sufrió un episodio de crisis nerviosa. Horas después, fue reducida por Cortés y Domínguez, esposada boca abajo y aislada en una habitación, donde entró en paro cardiorrespiratorio sin recibir atención médica inmediata. La fiscalía sostuvo que hubo maniobras violentas, demoras injustificadas en llamar al Sies y irregularidades en la preservación de pruebas.
La querella, representada por los abogados Gustavo y Liza Feldman y Marcos Peiretti, calificó el hecho como “un grave caso de violencia institucional” y cuestionó la investigación inicial, realizada por la misma fuerza policial involucrada. También recordó que la autopsia se hizo sin peritos de parte, a pesar de que el cuerpo presentaba hematomas y lesiones compatibles con un accionar violento.
Pese a estas acusaciones, los jueces absolvieron a los cinco imputados en primera instancia. La familia de París y la querella evalúan los pasos a seguir ante lo que consideran un fallo que deja impune la muerte de la bibliotecaria.
Polémica
La absolución generó repercusiones inmediatas en organizaciones de derechos humanos y colectivos contra la violencia institucional, que señalaron que el caso refleja las persistentes dificultades para investigar hechos ocurridos dentro de dependencias policiales. Varias entidades adelantaron que acompañarán a la familia en una posible apelación ante instancias superiores.
En paralelo, especialistas en seguridad y derecho penal volvieron a poner el foco en la falta de protocolos claros para la intervención policial frente a personas en crisis. El caso París, remarcaron, expone un vacío operativo que terminó con una mujer esposada, reducida y sin la asistencia médica adecuada pese a que no representaba un riesgo para terceros.
El fallo también reavivó el debate sobre la necesidad de que las investigaciones por muertes en custodia o en dependencias del Estado sean realizadas por organismos externos e independientes. Para la querella, esa ausencia de control autónomo fue determinante para que el caso llegara a juicio casi una década después, con pruebas deterioradas y un escenario que –afirman– favoreció la impunidad.