Entre 2021 y julio de 2026, la Delegación Regional Rosario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) trabó 27.045 embargos contra 11.458 empresas. El dato surge del informe “El embargo fiscal recae sobre la empresa más chica”, de Fundación Apertura, elaborado en el marco de la Red de Instituciones por la Producción Rosario con información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública. Lo que muestra el documento es una lógica precisa: el instrumento más severo de ejecución fiscal se aplica, sobre todo, a quienes menos espalda financiera tienen.
El 75,5% de los embargos del período recayó sobre microempresas. Si se excluyen los contribuyentes sin caracterización MiPyME, ese segmento explica el 92% de las medidas contra PyMEs. La participación de las microempresas en el total embargado escaló del 37,3% en 2021 al 87,4% en 2026: en cinco años, el embudo se cerró sobre las unidades más pequeñas del entramado productivo rosarino.
El informe también mide la intensidad del hostigamiento fiscal. En 2021 había, en promedio, un embargo por empresa alcanzada; en 2026 el promedio trepó a 3,2 medidas por empresa. El monto real promedio de la pretensión fiscal sobre las microempresas aumentó 122% entre 2024 y 2026: pasó de $8,8 millones a $19,6 millones, medidos a valores de julio de 2026. Y una microempresa tarda en promedio 181 días en resolverlo, casi medio año con la cuenta o el capital de trabajo inmovilizado.
Con 3.713 embargos registrados en los primeros siete meses de 2026, la proyección simple del informe lleva el año a unos 6.365 embargos: un 57,8% más que en 2025. Para las microempresas, el salto proyectado es del 61,5%. Es decir, las medidas no se detienen: se aceleran justo sobre el eslabón más frágil del aparato productivo.
La Federación Gremial del Comercio e Industria (FECOI) advirtió que el embargo de una cuenta bancaria en una microempresa –que puede tener apenas siete empleados y no cuenta con estructuras de asesoramiento profesional– golpea directo el capital de trabajo con el que se pagan salarios, proveedores y servicios. El sector reclama un proyecto de ley de “Políticas de alivio y reactivación para las MiPyMEs”: suspender por un año los nuevos juicios de ejecución fiscal y las trabas cautelares para las firmas que mantengan el 90% de su nómina, limitar los montos embargables y un régimen excepcional con condonación de multas y reducción de intereses. En agosto, la Unión Industrial Argentina (UIA) ya le había pedido a ARCA suspender por 180 días los embargos y ejecuciones fiscales a PyMEs.
El telón de fondo es el escenario que dejó el programa económico. En la provincia, Santa Fe perdió más de 800 pymes y comercios en lo que va de 2026, entre ceses de actividad y pasos a la informalidad, según informó Página/12. A nivel nacional, un informe de Fundar contabilizó 31.342 empresas menos que en noviembre de 2023: 709 cerraron solo en junio pasado. Mientras el Gobierno sostiene su discurso de ajuste y reducción del gasto público, ARCA refuerza la maquinaria de embargos y las cámaras patronales piden por escrito frenarla.