Tras la aprobación de la ley de Presupuesto 2026 en el Congreso, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, expresó duras críticas al gobierno nacional y cuestionó a los senadores santafesinos que votaron a favor de la iniciativa. El proyecto impulsado por la administración de Javier Milei incluye artículos que eliminan pisos mínimos de financiamiento para universidades y escuelas técnicas.
Bartolacci calificó como “incomprensible” la postura de los senadores radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto, quienes acompañaron el proyecto, a diferencia del peronista Marcelo Lewandowski, que votó en contra. “Cuando uno dice defender tradiciones vinculadas a la educación pública y la ciencia, no puede después tomar decisiones que van en sentido contrario”, sostuvo el rector.
El titular de la UNR advirtió que el presupuesto aprobado asigna para 2026 los mismos recursos nominales que para 2025, lo que, en un contexto inflacionario, implicará una pérdida real de financiamiento. Según explicó, esta situación pondrá en riesgo el funcionamiento normal de las universidades públicas y del sistema científico-tecnológico.
Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 30, que elimina los pisos de inversión para el sistema educativo, la ciencia y tecnología, la educación técnico-profesional y el Fondo Nacional de la Defensa. Desde distintas provincias manifestaron preocupación por el impacto que esta medida podría tener en las escuelas técnicas y en las universidades del interior del país.
También generó controversia el artículo 12, que habilita al Ministerio de Capital Humano a interrumpir transferencias de fondos a las universidades si considera insuficiente la información presentada sobre la ejecución presupuestaria. Bartolacci señaló que este mecanismo otorga al Poder Ejecutivo una herramienta discrecional que podría afectar la autonomía universitaria.
Por último, el rector destacó la reciente medida cautelar de la Justicia Federal que ordenó frenar la suspensión del financiamiento universitario dispuesta por decreto y dispuso la actualización de salarios y becas. Según remarcó, esa decisión judicial “fija un piso de financiamiento sustancialmente distinto” al aprobado por el Congreso y resulta clave para mitigar el impacto del ajuste sobre el sistema universitario.