La Justicia confirmó este miércoles el procesamiento del anestesiólogo Hernán Boveri y de la médica residente Delfina “Fini” Lanusse en el marco de la investigación por la presunta sustracción de propofol y otros medicamentos anestésicos del Hospital Italiano de Buenos Aires.
La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que ratificó la resolución dictada meses atrás por el juez Javier Sánchez Sarmiento. Ambos profesionales continúan imputados por el delito de administración fraudulenta.
La causa tomó relevancia pública luego de la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, ocurrida en febrero pasado. Según trascendió durante la investigación, su hermana informó a autoridades de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires sobre la participación del médico en encuentros informales donde se habrían utilizado estas sustancias, conocidos públicamente como “propofest”.
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Qué resolvió la Cámara
Los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Mariano Scotto consideraron que las pruebas reunidas hasta el momento y los testimonios incorporados al expediente resultan suficientes para sostener las imputaciones contra los acusados.
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En cambio, el tercer integrante del tribunal, Rodolfo Pociello Argerich, entendió que aún no existían elementos concluyentes para avanzar con el procesamiento y se inclinó por una falta de mérito.
Con esta resolución quedó firme, por el momento, la decisión que había tomado el juez de primera instancia. En ese esquema, Boveri figura como autor de la maniobra investigada, mientras que Lanusse está acusada como partícipe secundaria.
La hipótesis que investiga la Justicia
Los investigadores intentan determinar el destino que tuvieron los medicamentos que habrían sido retirados de manera irregular del centro de salud.
Una de las principales hipótesis sostiene que parte de esos fármacos terminaban siendo utilizados en encuentros privados donde se consumían drogas anestésicas fuera de cualquier ámbito médico autorizado.
Si bien la investigación continúa abierta, la ratificación de los procesamientos representa un nuevo avance en una causa que generó fuerte repercusión dentro del ámbito sanitario.
Embargos y restricciones
La resolución también mantuvo los embargos económicos dispuestos anteriormente por la Justicia. En el caso de Boveri, el monto asciende a 70 millones de pesos, mientras que para Lanusse se fijó en 30 millones de pesos.
Además, continúan vigentes las medidas cautelares que les impiden salir del país durante el plazo establecido por el juzgado y la prohibición de mantener contacto entre ambos mientras avance la investigación.
LB/ML