El comercio exterior argentino atraviesa una situación de fuerte tensión luego de que los prácticos, pilotos y baqueanos iniciaran un lock-out operativo por tiempo indeterminado en rechazo al Decreto 690/2026, publicado por el Gobierno nacional. La medida afecta el ingreso, amarre y zarpada de buques en la Vía Navegable Troncal y paraliza la actividad en los principales puertos del país, entre ellos los del Cordón Industrial del Gran Rosario.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei junto a los ministros Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva, deroga el histórico Decreto 2694/91 y establece una profunda desregulación del sistema de practicaje. Entre otros cambios, elimina los cupos de inscripción en la Prefectura Naval, habilita la contratación directa de profesionales independientes, fija topes tarifarios y exime de la obligación de contratar prácticos a aquellos capitanes que acrediten conocimiento de la zona.
La respuesta del Gobierno nacional fue inmediata. A través de un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desregulación, efectivos de la Prefectura Naval Argentina notificaron de manera individual a los profesionales para que reanuden la prestación del servicio. Las intimaciones se apoyan en la Ley de Navegación Nº 20.094, que considera al practicaje un servicio público esencial para garantizar la seguridad de la navegación.
Además, el Ejecutivo advirtió que la continuidad de la medida podría derivar en acciones penales por la interrupción de los medios de transporte y de las vías navegables, además de la apertura de sumarios administrativos que podrían culminar con la suspensión o cancelación de las matrículas habilitantes de los prácticos involucrados.
Del otro lado, las organizaciones gremiales sostienen que la desregulación compromete los estándares de seguridad en el río Paraná, favorece la precarización laboral y debilita la participación de profesionales argentinos. En ese marco, anticiparon la presentación de recursos de inconstitucionalidad y medidas cautelares ante la Justicia Federal para intentar frenar la aplicación del decreto. A las críticas también se sumó el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, que cuestionó el paquete de reformas impulsado por el Gobierno al considerar que afecta a la Marina Mercante y a la soberanía logística del país.
Mientras continúa el conflicto y crece la acumulación de buques en rada, el Gobierno ratificó que no modificará el rumbo de la reforma y evalúa aplicar los mecanismos de contingencia previstos en el propio Decreto 690/2026. Esas disposiciones facultan a la Prefectura Naval y a la Armada Argentina a asumir temporalmente la prestación del servicio de practicaje o habilitar capitanes de emergencia para garantizar la circulación en la Vía Navegable Troncal y reducir el impacto sobre el comercio exterior argentino.