La renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional (MHN) puso de manifiesto la profunda grieta que genera el destino de la reliquia más preciada de la historia argentina. Rodríguez Aguilar fundamentó su dimisión en la imposibilidad de avalar una gestión que pierda la custodia de la hoja de acero curvo, la cual será entregada este sábado a efectivos del Ejército. El conflicto escala mientras el Gobierno nacional ultima los detalles para que la pieza sea trasladada a la ciudad de San Lorenzo, donde será el eje central de los actos oficiales.
Desde el arco político, los diputados nacionales Esteban Paulón y Pablo Farías encabezaron el rechazo legislativo, argumentando que el legado de Manuelita Rosas estipulaba que el sable debía permanecer en el MHN. Para los legisladores del Socialismo, la orden del Ejecutivo Nacional rompe con la voluntad histórica y restringe el acceso de la ciudadanía a un objeto de incalculable valor simbólico. La movida judicial y legislativa busca declarar al sable de «interés público» para blindarlo ante futuros movimientos discrecionales del poder central.
El sable corvo tiene una historia marcada por la controversia política y el simbolismo de soberanía, habiendo sido legado por San Martín a Juan Manuel de Rosas en 1845. Tras haber sido objeto de robos por parte de la militancia peronista en los años 60 y resguardado por dictaduras militares, la pieza había regresado a la exhibición pública en 2015 por orden de Cristina Kirchner. La decisión actual de Milei es interpretada por diversos historiadores como un gesto de reivindicación hacia las Fuerzas Armadas, alejándola del ámbito civil.
Pese a las críticas, la Casa Rosada ratificó que el sable llegará este fin de semana a Santa Fe para conmemorar el aniversario del combate de 1813. El protocolo de seguridad ya está coordinado con la Casa Militar para garantizar que el arma blanca del Padre de la Patria esté presente en el Campo de la Gloria antes de quedar depositada definitivamente en el regimiento de Palermo. La disputa ahora se traslada al Congreso, donde se definirá si el Poder Ejecutivo tiene la facultad de alterar el lugar de descanso de los tesoros patrios.