La Justicia federal abrió un expediente incómodo para el Gobierno en plena gira por París. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -el organismo del Ministerio Público Fiscal que investiga hechos de corrupción de funcionarios nacionales- presentó una denuncia penal contra la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; su antecesor, Eduardo Rodríguez Chirillo; el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Federico Veller; Harbour Energy Argentina y Tomás Lanardonne.
El sorteo se realizó el 29 de septiembre y el expediente (CFP 4810/2026) quedó radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, subrogado por Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. Los delitos que se investigan son abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.
El caso apunta al ingreso al RIGI del proyecto Southern Energy, del que Harbour controla el 15% junto a Pan American Energy, YPF, Pampa Energía y Golar. La compañía británica heredó el historial de Premier Oil, la petrolera que fue sancionada en la Argentina por desarrollar actividades hidrocarburíferas sin autorización en la plataforma continental próxima a Malvinas, a partir de la ley 26.659.
Ese antecedente no frenó nada. Southern Energy pidió sumarse al RIGI en noviembre de 2024 y obtuvo la aprobación por la Resolución 559 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo el 29 de abril de 2025. Cuatro días antes, Energía había autorizado la libre exportación de GNL. En ambos trámites Harbour figuraba expresamente dentro del accionariado del proyecto, según reconstruyó La Política Online.
El detalle que agrega ruido es el timing: Tettamanti integra la delegación energética que el Gobierno llevó a París para la Argentina Week, donde el RIGI se ofrece como carta de presentación ante los inversores europeos. “Esto mete nubarrones sobre el RIGI”, resumió a LPO una fuente de una empresa proveedora de Vaca Muerta.
En simultáneo, el Gobierno multiplica sus acciones contra las petroleras que operan en Malvinas: unas 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países, alrededor de 60 procedimientos administrativos y al menos tres denuncias penales contra diez compañías, además del arbitraje internacional que Milei anunció por el proyecto Sea Lion.
La contradicción tampoco es solo judicial. El proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” que se debate en Diputados deroga la ley 26.659, la norma que sanciona a las empresas que explotan recursos en las islas y que es la base de los castigos que el Gobierno dice aplicar. El diputado Maximiliano Ferraro ya advirtió que el texto puede funcionar como una “autoamnistía” para Harbour Energy. Para el CELS, esa iniciativa crea “procedimientos excepcionales, similares al estado de sitio, dentro de la legislación ordinaria”.
El expediente también roza la interna energética: Veller, uno de los denunciados, fue recibido esta semana por tres integrantes del directorio del nuevo ente regulador -el ENReGe, que unificó el ENRE y el Enargas-, una señal que en el sector leyeron como un posible posicionamiento en la pelea por la presidencia del organismo.
Fuentes de Harbour dijeron desconocer la existencia de la causa: “No lo teníamos en el radar”. La investigación está bajo reserva y en etapa inicial, pero alcanza para que, mientras el Gobierno exige que Londres deje de “saquear” recursos argentinos, la Justicia argentina averigüe cómo una petrolera sancionada por haberlo hecho en Malvinas consiguió uno de los beneficios más codiciados de la era Milei.