En medio de la controversia por presuntas irregularidades en informes psicológicos utilizados en causas de familia, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por el abordaje de las infancias judicializadas y pidió una reunión urgente con la Corte Suprema de Justicia.
La entidad advirtió sobre “falencias en las políticas públicas” destinadas a la niñez y cuestionó el funcionamiento del sistema judicial en este tipo de casos.
“El sistema no está preparado ni problematiza la complejidad de las problemáticas que atraviesan niños, niñas y adolescentes”, señalaron, y alertaron que muchos menores pasan “gran parte de sus vidas judicializados”.
En ese marco, el Colegio puso el foco en la falta de recursos dentro del Sistema de Protección Integral y en lo que definió como una “inacción” estatal que, según sostienen, habilita la aparición de “falsos síndromes” o procesos de patologización que terminan por “ocultar la voz de los niños” en los expedientes.
También advirtieron sobre el impacto de discursos que buscan deslegitimar el campo profesional en un contexto de recorte de políticas sociales, especialmente en áreas vinculadas a la infancia.
Defensa del rol profesional
En el comunicado, la entidad defendió el lugar de los informes psicológicos dentro de los procesos judiciales y remarcó que no pueden ser interpretados como una sentencia.
“Son una herramienta que aporta nuestra práctica, pero deben ser considerados junto a otros elementos”, indicaron. Además, subrayaron que estos informes reflejan la singularidad de cada caso y forman parte de un abordaje interdisciplinario.
En esa línea, recordaron que todos los profesionales matriculados están habilitados para realizarlos y que existen instancias institucionales como el Tribunal de Ética para recibir denuncias ante posibles malas prácticas.
Críticas al enfoque del sistema
Otro de los ejes del pronunciamiento fue la crítica a las prácticas “adultocéntricas” que, según el Colegio, aún predominan en el abordaje de estas situaciones. “Escuchar las voces de las infancias en un marco interdisciplinario sigue siendo un desafío”, plantearon, y advirtieron sobre situaciones de revictimización dentro de los procesos judiciales.
Además, remarcaron que el incremento de vulneraciones de derechos exige respuestas urgentes y un rediseño de los dispositivos de intervención.
Pedido a la Corte
Para cerrar, el Colegio solicitó formalmente una reunión urgente con la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de discutir el funcionamiento del sistema y promover cambios. El planteo apunta a fortalecer la articulación entre el ámbito judicial y las políticas públicas, con un enfoque centrado en el cuidado y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Colegio de Psicólogas y Psicólogos Prov. de Santa Fe, 2da Circ. on Instagram: «👉🏻 El Colegio de Psicólogas y Psicólogos manifiesta su profunda preocupación ante el tratamiento que se viene realizando de situaciones que involucran a infancias judicializadas. Hechos que ponen nuevamente en evidencia las falencias en las políticas públicas en el campo de las infancias, del cual el sistema judicial no es una excepción. Nos preguntamos: ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para hacer justicia? ¿Qué recursos reales hay en el Sistema de Protección Integral para hacer lugar a estas problemáticas? La inacción en la construcción de políticas y prácticas acordes a los marcos normativos que regulan la protección de las infancias, terminan muchas veces haciendo lugar a falsos síndromes o patologizando, lo que no hace otra cosa que ocultar la voz de los niños en los procesos judiciales. El vaciamiento de las políticas sociales, en especial aquellas destinadas a la niñez y la adolescencia, ofrece un marco propicio para el auge de discursos que tienen por objetivo la deslegitimación de un campo de prácticas. Ante esto, resulta preocupante que los niños y las niñas se encuentren revictimizados en estas narrativas. Es por ello imperante hacer lugar a la singularidad, sin relativizar su tratamiento. Escuchar las voces de las infancias en un marco interdisciplinario es un desafío que aún hoy se enfrenta con las prácticas adultocéntricas. En un contexto en el que las vulneraciones de los derechos, a través de las diversas violencias, se ha incrementado, urge generar e implementar recursos e interpelar las coordenadas de tiempo y espacio en el que se suceden estos abordajes. Mientras tanto, niños, niñas y adolescentes pasan judicializadas gran parte de sus vidas, en un sistema que no está preparado ni problematiza la necesidad de abordar la complejidad y la particularidad de las problemáticas que los atraviesan. Por ello, resulta fundamental una articulación de las prácticas en el campo judicial que promueva la construcción de políticas públicas y que tenga en el centro los cuidados que requieren los niños y las niñas. (Sigue en comentarios)»