El gobierno provincial derribó este viernes en Rosario un nuevo punto de venta de estupefacientes, identificado como el búnker número 101 desde la implementación de la Ley de Microtráfico. El inmueble estaba ubicado en Hipólito Yrigoyen 1303 y fue inactivado en el marco de un operativo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Justicia provincial y fuerzas de seguridad.
Tras el procedimiento, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, señaló que la experiencia acumulada desde la sanción de la ley muestra que la desactivación de estos espacios suele ir acompañada por una baja en los niveles de violencia en las zonas intervenidas. Según explicó, el objetivo central de la normativa es no solo atacar la venta minorista de drogas, sino también reducir los hechos violentos asociados, como balaceras y tiroteos, que afectan a los barrios donde operan estos puntos.
Desde el MPA, la fiscal de la Unidad de Microtráfico, Mercedes Banchio, detalló que el lugar fue identificado a partir de una investigación que permitió detener a una persona con estupefacientes fraccionados para la venta. Según indicó, el inmueble no reunía condiciones mínimas de habitabilidad —carecía de servicios básicos y sanitarios—, lo que reforzó la hipótesis de que era utilizado exclusivamente para el comercio de drogas. En la causa hay nueve personas imputadas y una prófuga, y se realizaron más de 20 allanamientos simultáneos, incluso en unidades penitenciarias.
La inactivación realizada en Rosario se suma a un total de 101 derribos en toda la provincia desde que la Ley de Microtráfico fue sancionada a fines de 2023. La normativa habilita la clausura y demolición de inmuebles vinculados a la venta de drogas y a hechos de violencia grave, como parte de una estrategia orientada a debilitar estructuras del narcotráfico a pequeña escala y su impacto en la seguridad urbana.