Después de semanas de reuniones, audiencias y negociaciones cruzadas, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó una nueva versión del proyecto de ley de cuidacoches, que busca regular y sancionar determinadas conductas vinculadas al cuidado informal de vehículos en la vía pública.
Lo hizo, sin embargo, en medio de una sesión atravesada por tensiones políticas, críticas institucionales y diferencias de fondo sobre el rol que debe asumir el Estado frente a una problemática social compleja.
La sesión comenzó dos horas más tarde de lo habitual. No fue una demora administrativa ni casual, ya que el tiempo extra se utilizó para terminar de cerrar acuerdos alrededor de una iniciativa que llegaba empantanada por cuestionamientos de las principales pastorales de la provincia, organismos de derechos humanos e incluso sectores del propio frente oficialista de Unidos.
Las conversaciones continuaron hasta minutos antes del tratamiento, que recién comenzó dos horas y media después de iniciada la sesión. «Llegamos hasta acá, que no fue fácil ni rápido», reconoció la diputada socialista Lionella Cattalini al abrir el debate.
Al tomar la palabra, la legisladora defendió el texto como una síntesis entre la necesidad de intervenir frente a situaciones de intimidación y la obligación de incorporar herramientas de inclusión social. «Son muchos quienes ejercen la actividad con violencia y que hacen sentir a muchos santafesinos totalmente intimidados», sostuvo.
Y agregó: «Pensar que con el punitivismo se va a solucionar el tema, desde un punto es mentirle a los santafesinos».
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Pero más allá de la llamada «cuestión social», la principal controversia terminó girando alrededor de un agregado que no figuraba en la media sanción original del Senado: la creación de dos cargos de jueces de primera instancia, uno para Rosario y otro para Santa Fe, destinados a reforzar los Colegios de Jueces Penales.
La incorporación fue duramente cuestionada por distintos bloques opositores y especialmente por Hacemos Santa Fe, un sector del peronismo que habitualmente acompaña buena parte de las iniciativas del oficialismo.
Antes del debate, de hecho, difundieron un comunicado donde calificaron la maniobra como una «barbaridad legislativa e institucional» y denunciaron que se pretendía «crear cargos judiciales penales por la ventana» utilizando una ley contravencional como vehículo legislativo.
«El nuevo proyecto es un armado tipo Frankenstein para que algunos de los que hoy levantan la mano sientan menos culpa», disparó luego el diputado Marcos Corach durante el debate legislativo.
Sin embargo, desde Unidos defendieron la incorporación. Cattalini argumentó que la medida apunta a «aliviar» la carga de trabajo judicial. «Estos dos jueces, en Rosario y Santa Fe, deberán tener más recursos para dar respuestas a los más de 600 juicios atrasados», explicó.
En la misma línea, el radical Martín Rosúa sostuvo que la discusión permitió corregir «problemas de constitucionalidad» que arrastraba la media sanción del Senado. «La norma no sanciona la informalidad, sino comportamiento que no corresponde», afirmó.
Según explicó Rosúa, la nueva redacción tipifica conductas concretas como la exigencia o el requerimiento de dinero mediante intimidación, en lugar de prohibir genéricamente la actividad.
Entre la seguridad y la exclusión social
A lo largo de varias horas de debate, el recinto volvió a dividirse entre quienes consideran que la problemática requiere herramientas de control más firmes y quienes entienden que el fenómeno está directamente asociado a la exclusión social.
Desde Somos Vida, Silvia Malfesi cuestionó el procedimiento legislativo y reclamó respuestas más severas. «La mayoría de las veces son una mafia que extorsiona. Tenemos miedo de ejercer un poder, porque la solución real es el arresto», sostuvo.
En cambio, la diputada Natalia Armas Belavi consideró que la iniciativa refleja un «fracaso» de la política de seguridad provincial. «El no aplicar medidas duras contra los criminales terminó criminalizando a todos los cuidacoches o personas en situación de calle», afirmó.
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La peronista Lucila De Ponti, por su parte, reconoció que el texto mejoró respecto de la versión original del Senado, especialmente al diferenciar entre quienes realizan la actividad de buena fe y quienes incurren en amenazas o extorsiones. Sin embargo, rechazó el enfoque general de la norma: «No vamos a acompañar porque el proyecto está orientado a la represión de una actividad», señaló.
Desde el Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade fue aún más contundente. «Con esta ley se busca combatir a los pobres y no la pobreza», sostuvo durante una de las intervenciones más duras de la tarde.
Mientras, el diputado y pastor evangélico Walter Ghione celebró la norma como «un paso muy importante para recuperar el espacio público» y reclamó incluso sanciones más severas. «No podemos utilizar la pobreza para justificar la ocupación indebida del espacio público», expresó.
Finalmente, el proyecto fue aprobado por 25 votos positivos, 17 negativos y una abstención. Al haber sido modificado por Diputados, el expediente deberá regresar al Senado para su revisión. Allí se definirá si la Legislatura logra finalmente cerrar uno de los debates más extensos del año político.
Pero hay más: el texto aprobado incluyó un cambio impulsado por Ghione, quien consiguió que la reincidencia sea castigada con penas de arresto de entre 10 y 20 días, en línea con los sectores que reclamaban una respuesta más severa.