El brutal asesinato del interno Agustín De la Encina Capelletti dentro de la cárcel de Piñero sumó este jueves un nuevo capítulo judicial. En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la fiscal Paula Barros imputó a nueve reclusos y a tres agentes penitenciarios por su presunta participación en un ataque grupal que, según la investigación, fue premeditado y contó con distintos roles distribuidos entre los involucrados. El juez de primera instancia Fernando Sosa, ordenó prisión preventiva efectiva para todos los acusados y dispuso severas restricciones de comunicación.
De acuerdo con el relato fiscal, el crimen ocurrió el 13 de enero de 2025 en el Pabellón 6 de la Unidad Penitenciaria N.º 11, momentos después de finalizada la visita. La acusación señala a Jorge González, recluso delegado del pabellón, como quien dio la orden para ejecutar un plan previamente acordado con otros internos con el fin de matar a De la Encina. Pero para la fiscal María de los Ángeles Granato, el instigador del crimen habría sido el agente penitenciario Hernán Peralta. Este, junto con sus colegas Julián Aguirre y Gustavo Raimondi, fueron los primeros imputados en la causa, por haber propiciado la cacería fatal contra De la Encina.
La hipótesis central de la investigación es que De la Encina tenía una deuda pendiente por haber perdido una considerable cantidad de cocaína y eso –a través de un encargo mafioso desde fuera de prisión– le costó la vida.
El ataque comenzó pasadas las 5 de la tarde de aquel 13 de enero, cuando después de las visitas la víctima descendió al patio interno y fue interceptada por Marcelo Chavez y Franco Aguiar, quienes salieron de una celda para enfrentarlo al grito de “¡Buchón!”.
Al advertir el peligro, De la Encina salió corriendo en el intento de escapar hacia la jaula de seguridad, pero no pudo entrar porque la puerta estaba cerrada. En ese momento, los agresores lo alcanzaron y comenzaron a golpearlo y chucearlo con elementos corto-punzantes que en el ámbito carcelario se los conoce como “facas”. Gravemente herido, la víctima logró finalmente entrar en la jaula, buscando protección mientras otros internos se aproximaban.
La investigación sostiene que, una vez dentro de la celda de resguardo, la situación se agravó por la intervención del personal penitenciario. La Fiscalía acusa a González y a Jonatan Gauto de exigir insistentemente que se abriera el acceso a fin de permitir el ingreso de más internos. Pasaron minutos hasta que llegó Peralta, que era el jefe de Vigilancia. Este habría ordenado a los celadores Aguirre y Raimondi habilitar la entrada a la jaula. Así, varios presos que se encontraban en el patio externo pudieron ingresar y agredir nuevamente a la víctima.
El cuadro empeoró cuando, según la imputación, Gauto empujó la puerta interna de la jaula, permitiendo que un grupo aún mayor de internos se sumara al ataque. Entre ellos, fueron identificados como participantes directos Nahuel Clavero, Sebastián Grondona, Adrián Candia, Darío Varela y Kevin Sosa, además de otros todavía sin identificar. Mientras tanto, González vociferó: «La mafia no se traiciona. Agradecé que te vas vivo y no te vamos a matar”.
De acuerdo con la Fiscalía, la multitud que ingresó al espacio reducido continuó golpeando y agrediendo a De la Encina en un ataque que terminó por dejarlo en estado crítico.
Tras la golpiza, los internos se retiraron hacia el pabellón y el Servicio Penitenciario procedió a evacuar a la víctima. De la Encina fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde murió ese mismo día a las 19 debido a la gravedad de las lesiones. La Fiscalía calificó los hechos como homicidio doblemente calificado por la intervención de varias personas y por la presunta participación funcional de agentes estatales.
La situación del personal penitenciario quedó especialmente comprometida. Los celadores Aguirre y Raimondi fueron imputados como partícipes primarios de homicidio doblemente calificado y abuso funcional, mientras que Hernán Peralta fue acusado como instigador bajo las mismas figuras. Los tres quedaron en prisión preventiva, al igual que los nueve internos señalados como coautores o instigadores del crimen.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, escenario recurrente de diversos episodios violentos de tanto en tanto.
Perfil de un dealer insospechado
Agustín De la Encina Cappelletti era un joven rosarino de 26 años, clase media, que antes de convertirse en noticia por su violenta muerte en la cárcel de Piñero había quedado envuelto en una serie de causas que lo alejaron radicalmente del mundo en el que se había criado. Su nombre apareció por primera vez en 2021 en una investigación federal por narcotráfico, cuando fue detenido con 700 gramos de cocaína en un departamento ubicado en Pellegrini y Laprida, frente a plaza López, un entorno de vida muy distinto al de la criminalidad pesada que terminaría rodeándolo.
Pero sus primeros años lo ubican como como alumno del Centro Educativo Latinoamericano y un periplo laboral temprano, ya como mozo de bar, o con la escuela de conductores de su madre, broker de seguros y más.
Pero su incursión paulatina en la compra y venta de drogas lo llevó a una situación penal complicada. En octubre de 2023, el fiscal de Homicidios Gastón Ávila lo señaló como instigador de un intento de asesinato ocurrido en marzo de ese mismo año. Aquella causa reveló una trama de venta de drogas protagonizada por personas alejadas del estereotipo delictivo tradicional: protagonistas de clase media y media alta vinculados a consumos y negocios ilegales que crecieron al amparo de su aparente normalidad social.
Ese intento fue contra Maia, una travesti que le había facilitado 3800 dólares a Agustín para una compra de cocaína para revender. Cuando Maia empezó a reclamar la devolución, De la Encina la citó desde prisión a la ruta 34, cerca de un motel en Ibarlucea para hacerle un pago parcial de la deuda. En su lugar fueron dos sicarios que le dispararon 4 balazos. Quedó cuadripléjica, pero alcanzó a declarar meses más tarde y apuntar a De la Encina.
Testigos cuentan que el joven en prisión seguía vinculado a la venta de drogas y cursaba estudios de Derecho, mientras los conflictos por dinero escalaban hasta derivar en violencia armada.
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En 2024 quedó vinculado a una causa federal por narcotráfico de alto volumen, que tenía como figura central a Yanina Carina Alvarado, hermana del condenado capo narco Esteban Lindor Alvarado. Según la investigación, la mujer confiaba la logística de traslado de la droga a un bróker de seguros rosarino que por entonces estaba preso en Coronda: ese bróker era De la Encina.
Una investigación federal descubrió una ruta de tráfico de Buenos Aires a Rosario en taxis y remises ilegales que desembocó en el secuestro de 32 kilos de cocaína en dos autos en julio de 2024, en la autopista a la altura de San Pedro.
Ese procedimiento formó parte del operativo “Jackpot”, que vinculó a De la Encina con un cargamento de 30 panes de cocaína incautados en territorio bonaerense, marcados con el número “777”, un distintivo que, según informes de agencias internacionales, se asocia a ciertas organizaciones del narcotráfico. Para entonces, aquel joven de clase media que había irrumpido en las crónicas policiales cuatro años antes estaba profundamente ligado a circuitos criminales que lo terminaron alcanzando dentro de la cárcel de Piñero, donde fue asesinado el 13 de enero de 2025.