La presidenta de la comisión bicameral que investigó el caso del fentanilo contaminado, la diputada nacional Mónica Fein, afirmó que el informe aprobado de manera unánime por el Congreso constituye “una hoja de ruta imprescindible” para que un episodio como el ocurrido con el laboratorio HLB Pharma Ramos “no vuelva a repetirse”. En una entrevista con Sí 98.9, la legisladora destacó que el impulso decisivo para la creación de la comisión surgió del reclamo y el dolor de las familias de las víctimas, quienes exigieron respuestas del Estado frente a una falla sanitaria sin precedentes.
Fein explicó que el informe final, consensuado por todos los bloques, incluye 20 recomendaciones orientadas a modificar leyes, actualizar normativas y reforzar tanto los mecanismos de control nacional como la supervisión de los gobiernos provinciales sobre el sector privado. Entre las propuestas se destacan la trazabilidad completa de los medicamentos —“lote por lote, paciente por paciente”—, una reforma profunda de la ANMAT para garantizar inspecciones robustas y una mejora integral en los sistemas de alerta sanitaria.
“La responsabilidad del ministro Lugones es insoslayable”, afirmó Mónica Fein.
La investigación parlamentaria reveló que el laboratorio HLB Pharma Ramos acumulaba 117 reportes previos de malas prácticas, muchos de ellos emitidos desde su creación. Según relató la diputada, la última inspección de ANMAT, iniciada en noviembre de 2024, determinó finalmente que el laboratorio no debía continuar fabricando el producto, aunque la advertencia llegó tarde. “No solo se estaba produciendo mal, sino que se falsificaron datos del proceso de elaboración y se distribuyeron lotes sin los controles correspondientes”, remarcó Fein.
La legisladora, bioquímica de profesión y con pasado como directora del Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) de la Municipalidad de Rosario, destacó también la participación del juez de la causa -un hecho poco habitual en una comisión parlamentaria- quien aportó información clave y señaló vacíos normativos que requieren modificaciones urgentes. De acuerdo con Fein, la investigación judicial avanza con 14 personas detenidas y un juicio previsto para fines de 2026. La diputada sostuvo que el laboratorio “sabía que el producto estaba contaminado” y deslizó que podría haber existido una intención de ocultar la relación entre la sustancia adulterada y las muertes en áreas críticas de salud.
Uno de los puntos más sensibles del debate fue la responsabilidad política. Fein indicó que, si bien no hubo consenso para incluirla en el informe común, varios diputados presentarán anexos con observaciones particulares. En su caso, fue categórica al referirse al ministro de Salud del gobierno de La Libertad Avanza, Mario Lugones, a quien calificó como “absolutamente ausente”. Señaló que no concurrió a las citaciones del Congreso, no recibió a las familias de las víctimas, no coordinó acciones ni encabezó el retiro de los lotes contaminados, tarea que quedó en manos del juez. “Entre la ausencia y la mala praxis del ministro, hay una responsabilidad indiscutible”, afirmó.
Fein también valoró el clima de trabajo que se dio en la comisión, que incluyó a diputadas de fuerzas políticas diversas como Silvana Lunes (La Libertad Avanza) y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria). Según describió, el equipo logró combinar consensos esenciales con la incorporación de disensos por vía de informes individuales, demostrando que el Congreso puede cumplir un rol de control efectivo sobre el Poder Ejecutivo.
Finalmente, la diputada -que culmina su mandato este año- destacó que el caso del fentanilo adulterado, así como otras investigaciones recientes del Congreso, “demuestran que el Poder Legislativo tiene capacidad y obligación de auditar al Estado”. Y concluyó: “Nadie discute que debe existir un organismo como la ANMAT. Lo que pedimos es una ANMAT mucho más fuerte, con buenas prácticas y controles reales. Eso es lo que le debemos a la sociedad y, especialmente, a las familias que perdieron a sus seres queridos”.