El gobierno de Javier Milei envió este miércoles al Congreso el proyecto de reforma electoral, una iniciativa que propone modificaciones estructurales en el sistema político argentino. El texto ingresó por el Senado y forma parte de una estrategia oficial para retomar la agenda pública tras semanas marcadas por tensiones políticas y cuestionamientos a la gestión.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mediante la derogación del régimen vigente. Además, se plantean cambios en la ley de partidos políticos, con mayores exigencias para su conformación y funcionamiento, como la ampliación del requisito de presencia territorial para obtener reconocimiento nacional.
El proyecto también incorpora la figura de “ficha limpia”, que impediría ser candidatos a quienes tengan condenas por corrupción en segunda instancia. Esta medida ya había sido debatida y rechazada previamente en el Senado, por lo que se anticipa como uno de los puntos más sensibles en la discusión legislativa.
En materia de financiamiento, la iniciativa propone una reconfiguración del esquema actual, con nuevas reglas para aportes públicos y privados, mayores controles y límites a las contribuciones. También habilita a los partidos a renunciar al financiamiento estatal y elimina los espacios publicitarios gratuitos, lo que podría modificar de manera significativa la dinámica de las campañas electorales.
Por último, el texto introduce cambios en la Boleta Única de Papel (BUP), como la posibilidad de votar lista completa y la incorporación de cargos locales en elecciones simultáneas con provincias. Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca reducir costos y transparentar el sistema, mientras que sectores opositores advierten sobre posibles impactos en la equidad electoral y el acceso de fuerzas minoritarias.