En la antesala de una nueva marcha federal universitaria, el Gobierno nacional ratificó su postura respecto del financiamiento de las casas de estudio y aseguró que, una vez concluida la protesta, abrirá una instancia de diálogo con rectores de universidades nacionales para debatir la distribución de recursos destinados a hospitales universitarios.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, y por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Según explicaron en una reunión de prensa, el objetivo es crear una comisión específica integrada por universidades que cuentan con hospitales propios para definir criterios “objetivos” de reparto de fondos.
“El dinero se distribuía de manera arbitraria y discrecional”, sostuvo Álvarez al cuestionar el sistema utilizado en años anteriores. De acuerdo con el funcionario, una parte de los recursos se transfería automáticamente según el presupuesto, pero existía además un refuerzo económico que se asignaba sin parámetros definidos. En ese sentido, indicó que la actual administración busca consensuar un nuevo mecanismo con los rectores.
Desde el Gobierno también insistieron en que no pueden aplicar la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. Según Álvarez, la norma quedó “implícitamente derogada” tras la aprobación del Presupuesto y además incumple la Ley de Administración Financiera porque no establece de dónde saldrían los recursos necesarios para cubrir el aumento de partidas y salarios.
En paralelo, Capital Humano planea lanzar una página web pública con información detallada sobre el destino de los fondos universitarios. Las autoridades señalaron que actualmente muchos datos son administrados exclusivamente por el Consejo Interuniversitario Nacional y cuestionaron la falta de acceso a estadísticas vinculadas al costo por alumno y por graduado en cada institución.
El Ejecutivo también puso el foco en la matrícula de estudiantes extranjeros. Según cifras oficiales citadas por Álvarez, el 50% de los alumnos de la Facultad de Medicina de La Plata serían extranjeros, en su mayoría brasileños, y las universidades aún no aplicaron el cobro de aranceles habilitado por decreto para quienes no sean argentinos ni residentes.
Por otra parte, el Gobierno rechazó las acusaciones de desfinanciamiento hacia los hospitales universitarios y afirmó que durante abril se enviaron más de 150 millones de pesos para su funcionamiento. Sin embargo, reconocieron que no se transfirieron fondos adicionales de refuerzo, una situación que motivó reclamos por parte de distintas instituciones educativas y sectores de salud.
Finalmente, Pettovello sostuvo que existe una “intencionalidad política” detrás de la movilización convocada para este martes y defendió la necesidad de avanzar en una “batalla cultural” sobre el uso de los recursos públicos. “Nosotros no estamos en contra de la universidad pública ni queremos cerrarla. Queremos que la gente tenga acceso a información real y que el gasto sea eficiente”, afirmó la ministra.