La iniciativa modifica la ampliación del régimen realizada durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. A partir de ahora, el beneficio quedará limitado por criterios sociales y de ingresos: entre ellos, que el grupo familiar no supere el equivalente a tres canastas básicas, actualmente en poco más de $4,7 millones. También se mantendrán beneficios para personas con discapacidad y veteranos de Malvinas.
El nuevo esquema establece además una modificación en la forma de aplicar el subsidio. En las zonas originalmente alcanzadas —Patagonia, Malargüe y la Puna— continuará vigente el beneficio, pero se aplicará sobre el costo de generación del gas y no sobre la distribución, que representa una parte significativa del valor final de las facturas.
La discusión en el Senado estuvo atravesada por el impacto que la reforma podría tener sobre los usuarios de distintas regiones del país. La senadora Flavia Royón, titular de la comisión de Energía, sostuvo que es necesario avanzar hacia un sistema de subsidios que considere las diferencias entre los usuarios y señaló que millones de hogares dependen de garrafas en lugar de contar con conexión a la red de gas natural.
La propuesta fue cuestionada por legisladores de la oposición. La radical mendocina Mariana Juri calificó de “improvisación” la modificación y planteó reparos sobre el criterio utilizado, mientras que Maximiliano Abad sostuvo que no se puede reemplazar un esquema que considera deficiente por otro que, según su evaluación, tampoco tendría sustento técnico. Ambos votaron en contra junto con otros senadores radicales.
La aprobación se produjo luego de meses de negociaciones y con el respaldo de distintos bloques. Como parte del acuerdo, se planteó avanzar también en medidas destinadas a aliviar el costo de la electricidad en provincias consideradas “cálidas”. El alcance de esos cambios y su impacto sobre las facturas de los usuarios quedarán entre los principales puntos a seguir de cara al próximo invierno.