El Gobierno consiguió este martes un dictamen clave en el Senado para avanzar con el acuerdo con dos fondos buitre por USD 171 millones. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión respaldaron el entendimiento con Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP.
El proyecto llegó al Congreso con una advertencia de la Casa Rosada: el 30 de abril figuraba como fecha límite para evitar que el litigio volviera a activarse bajo condiciones financieras más costosas para el país. Durante el plenario, el oficialismo informó que el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, comunicó una prórroga hasta el 31 de mayo.
El entendimiento contempla una quita superior al 30% sobre los montos reclamados por los acreedores en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Si el Congreso lo aprueba, el Estado argentino pagará USD 67 millones a Bainbridge y USD 104 millones a Attestor.
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La operación se hará bajo el mecanismo internacional de «entrega contra pago». Ese formato establece que los fondos se liberarán al mismo tiempo que se cancelen los bonos. Los acreedores, además, asumirán los costos legales generados por el litigio. El texto incorpora una cláusula «standstill», que impide a los fondos iniciar nuevas acciones judiciales o interferir en operaciones financieras argentinas mientras se completa la operación.
Estrategia libertaria
La Casa Rosada también busca cerrar los procesos de discovery sobre bienes argentinos en el exterior. Esas investigaciones incluyen pedidos de información sobre cuentas bancarias, finanzas, privatizaciones y otros activos del país. En el mensaje enviado al Congreso, con las firmas de Javier Milei, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Ejecutivo sostuvo que la aprobación del acuerdo permitiría dar por terminada esa búsqueda de activos.
Para el Gobierno, ese cierre ayudaría a reducir el margen de acción judicial de los acreedores en Estados Unidos, limitar riesgos sobre activos argentinos y reforzar el mensaje de cumplimiento frente a sentencias firmes.
El kirchnerismo votó en contra
El dictamen fue acompañado por libertarios y bloques dialoguistas. Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría para rechazar el acuerdo.
El senador Agustín Monteverde, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió el avance del proyecto y afirmó que el entendimiento permite terminar el litigio con los principales acreedores holdouts. Desde el PRO, Martín Goerling Lara, titular de Economía Nacional e Inversión, sostuvo que la aprobación ayudaría a dejar atrás una etapa marcada por embargos y riesgos sobre activos estratégicos.
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El rechazo opositor lo argumentó Jorge Capitanich. El exgobernador chaqueño advirtió que el acuerdo puede generar efectos institucionales, fiscales y jurídicos, y cuestionó que se trate de negociaciones individuales con acreedores litigantes. También sostuvo que una decisión de este tipo podría debilitar la posición del Estado frente a futuros reclamos.
La Casa Rosada quiere llevarlo rápido al recinto
Desde La Libertad Avanza (LLA) respondieron que el pago forma parte de una deuda heredada que es, de hecho, de la crisis del 2001. Bartolomé Abdala recordó que existe una sentencia firme desde hace años y defendió la necesidad de cumplir con esos compromisos. Ezequiel Atauche sostuvo que el acuerdo puede ayudar a «recuperar confianza, bajar el riesgo país y mejorar las condiciones de financiamiento».
También intervino Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, que cuestionó al kirchnerismo por rechazar una negociación que el oficialismo considera necesaria para cerrar otro litigio en Estados Unidos.
El dictamen deberá ser tratado ahora en el recinto del Senado. Si consigue aprobación, pasará a Diputados. La prórroga hasta el 31 de mayo le dio al Gobierno más margen, aunque la Casa Rosada quiere cerrar el expediente antes de que el conflicto vuelva a tomar fuerza en tribunales estadounidenses.
DCQ