El Gobierno oficializó este lunes la renuncia de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, mediante el Decreto 1055/2026. La funcionaria, cercana a Karina Milei, tenía bajo su órbita tareas vinculadas con el funcionamiento de distintas dependencias presidenciales, entre ellas la Quinta de Olivos. Su salida se produjo después de la reorganización de la residencia, que incluyó el desplazamiento de personal y el traspaso de la seguridad a la Casa Militar.
El eje de la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano está puesto en el destino de los alimentos adquiridos para abastecer a Olivos. Según la presentación judicial, se debe investigar si parte de esos productos fueron derivados al emprendimiento gastronómico Pancitos Caseros, administrado por Analía Agudiez, hermana de Belén, y su esposo, Osvaldo Sosa, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como intendente de la Quinta. La hipótesis denunciada es que insumos comprados con fondos públicos podrían haber sido utilizados para prestar servicios de catering a terceros.
Entre las compras que quedaron bajo la lupa figura una adquisición de 29 toneladas de carne y embutidos por unos $500 millones. Pagano sostuvo ante la Justicia que esos productos, destinados originalmente a la residencia presidencial, podrían haber sido desviados hacia el emprendimiento familiar y comercializados posteriormente. La denuncia habla de un posible perjuicio al Estado y solicita investigar tanto el circuito de las compras como el destino efectivo de los alimentos.
La relación familiar adquirió relevancia porque Agudiez tenía responsabilidades sobre el funcionamiento de Olivos y Sosa ocupaba la administración de la residencia. La denuncia también apunta a determinar si existió algún mecanismo que permitiera que recursos adquiridos para la Quinta terminaran beneficiando a una empresa privada vinculada con funcionarios o familiares. Por ahora, se trata de una hipótesis presentada ante la Justicia y no de un hecho probado.
La investigación se desarrolla en paralelo a la reestructuración de la Quinta de Olivos dispuesta por el Gobierno. La administración de la residencia fue disuelta y la Casa Militar asumió la responsabilidad integral de la seguridad, mientras se dispuso el traspaso de funciones y bienes durante los próximos 60 días. En ese contexto, la Justicia deberá determinar si las compras de alimentos y su eventual utilización por el catering privado forman parte de un delito.