Al filo del comienzo de 2026, el Gobierno salió a aclarar su posición en el juicio por la expropiación de YPF que se tramita en los tribunales de Nueva York. A través de un comunicado, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) afirmó que la Argentina no se encuentra en desacato y rechazó las versiones que circularon en los últimos días sobre eventuales sanciones judiciales.
“El Estado argentino está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”, señalaron desde el organismo que encabeza Santiago Castro Videla. En ese sentido, remarcaron que las afirmaciones en sentido contrario “son falsas, especulativas y carentes de sustento jurídico”.
La causa lleva más de una década en la Justicia estadounidense y derivó en una condena en primera instancia por más de USD 16.000 millones, actualmente apelada. En paralelo, Burford Capital —el fondo que compró los derechos para litigar y principal beneficiario del fallo— impulsa distintas acciones para avanzar en el cobro, entre ellas el pedido de embargo de activos y la entrega de acciones estatales en YPF.
Uno de los puntos de mayor tensión gira en torno al proceso de discovery ordenado por la jueza Loretta Preska, que incluye la entrega de comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios. Desde la PTN explicaron que esa medida fue apelada por considerarla ilegítima e ilegal, tanto bajo el derecho argentino como estadounidense, y remarcaron que el país actúa “de buena fe”.
El organismo detalló que se realizaron entregas parciales y periódicas de información y que se trabaja para obtener el consentimiento de los involucrados. Según el Gobierno, la mayoría de los funcionarios y exfuncionarios prestó colaboración voluntaria, aunque Burford considera insuficiente ese nivel de cumplimiento y evalúa pedir que la Argentina sea declarada en desacato.
Para la administración de Javier Milei, esa ofensiva constituye “un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano”. Además, sostuvieron que el fondo busca desviar la atención del “momento adverso” que atraviesa en el litigio, tras la audiencia de apelación celebrada en octubre ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York.
Desde la Procuración del Tesoro concluyeron que la defensa del interés nacional exige rigor jurídico y apego a la verdad. “La Argentina actúa conforme al derecho y dentro de los márgenes que impone la ley”, afirmaron, y reiteraron que el país está “lejos de cualquier escenario de desacato” en el juicio por YPF.