La Confederación General del Trabajo anticipó que recurrirá a los tribunales si el Congreso convierte en ley la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Así lo confirmó su secretario general, Jorge Sola, quien sostuvo que la iniciativa vulnera garantías constitucionales y representa un retroceso en materia de derechos sociales.
En declaraciones al programa Infobae al Regreso, el dirigente remarcó que la central obrera ya tomó la decisión política de avanzar por la vía judicial. Argumentó que el proyecto colisiona con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con el principio de no regresividad, que impide reducir derechos laborales ya adquiridos.
Sola defendió además la convocatoria al paro general realizado en paralelo al debate parlamentario. Según explicó, la medida no estuvo dirigida contra una gestión puntual, sino contra el contenido de la reforma. “El rechazo es total”, planteó, al señalar que la iniciativa configura —a su entender— una transformación estructural del sistema laboral en detrimento de los trabajadores.
El sindicalista cuestionó que la CGT no haya sido convocada a instancias de diálogo durante la elaboración del proyecto y sostuvo que la protesta buscó influir en la discusión pública y legislativa. También afirmó que las movilizaciones previas y las huelgas realizadas no alteraron la paz social y se encuadraron dentro de los mecanismos institucionales de reclamo.
Entre los puntos más controvertidos, enumeró cambios en el régimen de indemnizaciones, la implementación de esquemas como el banco de horas y modificaciones en la actividad sindical. Desde la óptica de la central, la reforma implica una transferencia de recursos hacia el sector empleador y restringe derechos colectivos. Con ese diagnóstico, la CGT se prepara para abrir un nuevo frente de disputa en el ámbito judicial si la ley es finalmente sancionada.