La reforma del sistema de riesgos del trabajo impulsada en Santa Fe quedó bajo la lupa después de la reunión que la Corte Suprema provincial mantuvo este lunes con la CGT Santa Fe. El dirigente justicialista Juan Manuel Pusineri, exministro de Trabajo durante el gobierno de Omar Perotti, cuestionó uno de los principales argumentos utilizados para modificar el régimen y sostuvo que las estadísticas del propio Poder Judicial contradicen el diagnóstico que justificó los cambios.
Pusineri puso el foco en los datos del Cuerpo Médico Forense especializado en el fuero laboral, que fueron compartidos por la Corte Suprema durante el encuentro con la central obrera. Según detalló, de los 113 expedientes ingresados hasta el momento, existen 72 sobre los cuales ya fue emitido un dictamen. En alrededor del 90 por ciento de esos casos, señaló, el cuerpo médico ratificó el criterio de los peritos judiciales o corrigió el porcentaje de incapacidad establecido previamente por las Comisiones Médicas.
El dato que, para el exministro, resulta más significativo aparece al recortar el universo a los casos que habían sido rechazados completamente en la instancia administrativa. De 40 expedientes en los que la Comisión Médica había determinado un 0 por ciento de incapacidad, en 35 el Cuerpo Médico Forense reconoció posteriormente algún grado de incapacidad. Es decir, en el 87,5 por ciento de esos casos, una evaluación judicial encontró una incapacidad que había sido negada en la instancia previa.
Para Pusineri, la información pone en cuestión el fundamento de la reforma del procedimiento laboral que promovió el actual gobierno provincial. “El problema no nace en el juicio, llega al juicio”, planteó el dirigente perottista, al considerar que la cantidad de litigios no puede explicarse simplemente por un supuesto uso abusivo de los tribunales.
La discusión remite a la modificación del Código Procesal Laboral sancionada en abril pasado. La reforma estableció, entre otros cambios, un nuevo esquema para los peritajes laborales mediante la creación de un cuerpo especializado de profesionales dependiente del Poder Judicial. El Gobierno provincial defendió la iniciativa como una herramienta para otorgar mayor previsibilidad al sistema, agilizar los procesos y reducir la litigiosidad.
El planteo de Pusineri apunta precisamente contra esa interpretación. Según su lectura de las estadísticas, una parte importante de los conflictos que termina en los tribunales no se origina en una utilización abusiva de la vía judicial, sino en las diferencias entre las evaluaciones realizadas por las Comisiones Médicas y las que luego efectúan los peritos del Poder Judicial.
“Las Comisiones Médicas y las ART rechazan sistemáticamente reclamos que después resultan procedentes”, sostuvo el exministro, quien de ese modo desplaza el eje de la discusión: en lugar de considerar a la litigiosidad como el problema central, propone analizar qué ocurre en la etapa administrativa que antecede a los juicios.
La cuestión adquirió relevancia particular a partir de la reunión celebrada este lunes entre la Corte y la CGT Santa Fe. El encuentro estuvo encabezado por el presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, junto con los ministros Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Rubén Weder. Por la central obrera participaron, entre otros, su titular Claudio Girardi, además de Mariano Burgard, Luis Menelli, Walter Uriondo y los abogados Pedro Pusineri y Gabriela Coronel.
Durante la reunión se analizaron el funcionamiento de las Comisiones Médicas, el papel de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), la intervención de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y los criterios utilizados para determinar los porcentajes de incapacidad. También se abordó el papel de los peritos médicos oficiales de la Corte en los expedientes derivados de accidentes y enfermedades laborales.
El intercambio se produce pocos meses después de la reforma que modificó el procedimiento laboral santafesino y en un momento en que el sistema de riesgos del trabajo vuelve a ser objeto de discusión entre el Poder Judicial, el Gobierno y las organizaciones sindicales.
La posición de Pusineri introduce, además, una disputa política dentro del peronismo santafesino. El exfuncionario formó parte del gobierno de Perotti, que durante su gestión había adherido al régimen nacional de riesgos del trabajo mediante la Ley 14.003. Ahora cuestiona los cambios promovidos por la administración de Maximiliano Pullaro y utiliza información surgida del propio Poder Judicial para discutir la premisa de que el problema principal del sistema sea la litigiosidad.
La discusión, así, no se limita a cuánto se litiga, sino a por qué los trabajadores llegan a los tribunales y qué ocurre cuando una evaluación médica realizada en la instancia administrativa es revisada durante el proceso judicial. Para Pusineri, los primeros 72 expedientes analizados por el Cuerpo Médico Forense ofrecen una señal concreta: cuando una Comisión Médica determina que no existe incapacidad, la evaluación judicial encuentra, en la mayoría de esos casos, que sí la hay.
El dato podría convertirse en uno de los elementos centrales del debate sobre el funcionamiento de la reforma y sobre la eficacia del sistema previo al juicio, justamente el ámbito que la modificación normativa buscó fortalecer para reducir la conflictividad laboral.