El 47,6% de las empresas relevadas por la UIA reportó dificultades para afrontar en su totalidad al menos uno de sus principales compromisos de pago. El porcentaje de firmas que registró atrasos en todos los pagos llegó al 9,2%, más del doble de su promedio histórico, ubicado en el 4%.
Los mayores problemas se concentraron en el pago de impuestos y proveedores, con dificultades reportadas por el 34,6% y el 33,3% de las empresas, respectivamente. El escenario refleja las restricciones de liquidez que atraviesa el sector y que obligan a muchas compañías a postergar compromisos para sostener su funcionamiento.
Para hacer frente a esas obligaciones, el 56,2% de las empresas afectadas recurrió a financiamiento de corto plazo o incrementó su nivel de endeudamiento. A su vez, el 53,2% señaló que debió afrontar mayores intereses y costos financieros, una situación que agrega presión sobre los márgenes de rentabilidad.
Menos ventas y producción
Los indicadores de actividad también muestran un escenario adverso. En julio, el 47,6% de las empresas registró una caída en sus ventas internas, mientras que apenas el 16,2% informó una mejora. En producción, el 42,9% redujo sus niveles y solo el 20,9% logró incrementarlos.
La principal preocupación mencionada por las compañías fue precisamente la caída de la demanda interna, señalada por el 48,6% de las firmas consultadas. Las exportaciones, en cambio, mostraron un comportamiento relativamente mejor y registraron una mejora respecto de los relevamientos anteriores.
El deterioro de las ventas se da además en un mercado que, según el informe, quedó sobrestockeado después del fuerte ingreso de productos importados durante 2025. Aunque las importaciones comenzaron a recuperar niveles más habituales desde principios de este año, el sector industrial advierte que persisten los efectos de aquella apertura. Entre las principales consecuencias mencionadas aparecen la reducción de las ventas y la consecuente presión para bajar los precios.
El informe también registra cuestionamientos por la falta de certificaciones obligatorias, la ausencia de trazabilidad y la comercialización informal. El 15,3% de las empresas señaló la falta de certificaciones como un problema, el 13,8% mencionó la ausencia de trazabilidad y el 13,2% apuntó a la venta sin factura u otras modalidades de informalidad.
El impacto es especialmente fuerte en algunos sectores. En textiles, el 84,6% de las empresas consideró alto o muy alto el efecto de la competencia desleal y el contrabando, mientras que en confecciones, cuero y calzado alcanzó el 76,2%. En metales comunes, la proporción llegó al 88,2%.
Ante este escenario, las empresas reclamaron principalmente mayores controles aduaneros, una fiscalización más fuerte de la facturación y la informalidad comercial y controles sobre el comercio electrónico. Las compañías también señalaron a mayoristas, comercios minoristas y plataformas internacionales de venta directa como algunos de los principales canales utilizados para la comercialización de productos que compiten con la producción nacional.