La reforma del sistema de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro sumó un nuevo capítulo en la Legislatura, tras el ingreso de un proyecto de ley que propone modificar de manera integral el régimen disciplinario de la Policía y del Servicio Penitenciario de Santa Fe.
La iniciativa, presentada por la presidenta de la comisión de Seguridad Pública, la socialista Lionella Cattalini, crea un nuevo sistema de control que desplaza la investigación y sanción de las faltas más graves de las fuerzas hacia organismos con «autonomía funcional» y participación de instituciones externas.
La propuesta busca reemplazar el esquema tradicional de sumarios internos por un modelo de «control civil» sobre la actuación policial y penitenciaria, con el objetivo de «prevenir» hechos de corrupción, violencia institucional y abuso de autoridad, además de «fortalecer» la transparencia y la rendición de cuentas.
En síntesis, el proyecto establece que las faltas disciplinarias graves, gravísimas y aquellas que puedan derivar en la destitución dejarán de ser resueltas exclusivamente dentro de las propias fuerzas.
Para ello crea un Tribunal de Conducta integrado por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio Público de la Acusación, una universidad nacional, el Ministerio de Justicia y Seguridad y las dos cámaras de la Legislatura.
A ese organismo se suma una Dirección General de Control e Investigación, que tendrá a su cargo recibir denuncias, impulsar investigaciones disciplinarias y promover las sanciones correspondientes, además de desarrollar políticas de prevención y monitoreo sobre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad.
Como garantía de independencia, el proyecto prohíbe que policías o agentes penitenciarios, tanto en actividad como retirados, integren estos organismos.
Asimismo, entre las novedades de la iniciativa figura la obligación para todos los integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario de presentar anualmente declaraciones juradas patrimoniales. Además, la Dirección General podrá requerir información económica y financiera cuando investigue posibles irregularidades.
Ademñas, entre las faltas graves incorpora conductas como impedir que un ciudadano registre un procedimiento policial, utilizar influencias para obtener ascensos o traslados, abandonar el servicio sin justificación o incumplir protocolos de actuación.
Las faltas gravísimas incluyen aceptar dádivas, facilitar fugas de detenidos, utilizar ilegalmente la fuerza, discriminar, acosar o maltratar a otros integrantes de las fuerzas, no asistir médicamente a personas bajo custodia o difundir mensajes de odio y discriminación.
Para los casos más severos, el proyecto prevé la destitución de los agentes que no puedan justificar su patrimonio, vendan armamento oficial, soliciten favores sexuales aprovechando su cargo, presten servicio bajo efectos del alcohol o drogas o cometan delitos dolosos.