El proyecto del Gobierno nacional para modificar el esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) abrió un nuevo frente de conflicto con el sector ganadero. La iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación propone que los aportes que hoy realizan de manera obligatoria productores y frigoríficos pasen a ser voluntarios, una medida que fue rechazada por las principales entidades vinculadas a la cadena cárnica.
La presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, María Soledad Aramendi, sostuvo que el IPCVA cumple un papel estratégico en la promoción internacional de la carne argentina y en el acompañamiento de acciones vinculadas al Senasa. Explicó que el organismo financia buena parte de la presencia del país en ferias y congresos internacionales, aunque reconoció que entre los productores existe una mirada dividida, ya que muchos cuestionan el aporte compulsivo porque no perciben un beneficio directo. Según precisó, actualmente se descuentan alrededor de 1.700 pesos por cabeza faenada, con aportes compartidos entre productores y frigoríficos.
Aramendi también defendió la continuidad del Senasa al considerar que los controles sanitarios, de calidad y trazabilidad son indispensables para sostener la competitividad del sector. «Hace falta que el Estado controle; somos hijos del rigor», afirmó. Además, se refirió a la caída del consumo interno de carne vacuna y señaló que responde a una transformación que también se observa en otros países: el aumento de los precios convirtió a la carne vacuna en un producto cada vez más gourmet, mientras el pollo y el cerdo ganan lugar como alternativas de consumo masivo.
El anteproyecto, que aún no ingresó al Congreso, establece que desde octubre de 2027 los aportes al IPCVA dejarán de ser obligatorios y que el Senasa y la Secretaría de Agricultura dejarán de intervenir en su recaudación. Las entidades del sector advierten que esa modificación pondría en riesgo el financiamiento del instituto, afectando la promoción de la carne argentina en el exterior, la apertura de mercados internacionales y el posicionamiento de la marca «Carne Argentina». También sostienen que los principales países exportadores mantienen organismos similares con mecanismos de financiamiento estables, por lo que consideran que la iniciativa podría debilitar la competitividad de la producción nacional.