La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó la semana pasada una declaración en la que manifiestó su “preocupación por los hechos expuestos por los familiares de víctimas del fentanilo contaminado” y su acompañamiento “en la búsqueda de Justicia”.
El texto, impulsado por la diputada oficialista Varinia Drisun, se elaboró a partir del encuentro que tuvo lugar el miércoles, cuando los familiares de las 59 víctimas fueron recibidos por primera vez por la Comisión de Salud, y otros legisladores interesados, para relatar el abandono que sienten por parte del sistema político y sanitario.
Durante esa reunión, realizada a pedido de las propias familias, los testimonios fueron contundentes: denunciaron que se encuentran “solas”, que no fueron recibidas por funcionarios nacionales ni provinciales y que sufrieron un trato deshumanizado en clínicas privadas, especialmente en Rosario.
El dato, repetido por los legisladores en la sesión, expuso una deuda de la dirigencia política porque “fueron ellas quienes vinieron a la Legislatura y no al revés”, tal como destacaron quienes tomaron la palabra.
Drisun destacó que se trata de “un grupo de mujeres organizadas para visibilizar el padecimiento”, y subrayó la necesidad de “avanzar en medidas de control y en el esclarecimiento judicial sobre la responsabilidad de la Anmat y del Ministerio de Salud de la Nación, cuyos funcionarios fueron citados reiteradamente por la comisión investigadora nacional, sin presentarse”.
Luego tomó la palabra Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), quien apuntó directamente contra los efectores privados, a los que acusó de operar con “tremenda impunidad”.
Del Frade mencionó al Sanatorio Italiano de Rosario como uno de los lugares donde la documentación se entrega “como quieren y cuando quieren”, y calificó ese comportamiento como una muestra de la “resignación de la política frente al poder económico de los sanatorios”.
Recordó, además, que este entramado no es nuevo en la provincia: “sectores que manejan clínicas privadas han ocupado históricamente cargos de relevancia política y judicial, lo que contribuye a blindar esos intereses y debilitar los controles públicos», argumentó.
Del Frade también profundizó en la dimensión estructural del caso y lo vinculó directamente al negocio ilegal de medicamentos. Señaló que la empresa HLB Pharma (productora del fentanilo adulterado) “ya tenía antecedentes de irregularidades desde 2016, y aun así continúa vendiendo y abasteciendo hasta el 60% del suero utilizado en el país”.
Para el legislador esto demuestra que el episodio “no es un error ni un exceso”, sino “un mecanismo planificado donde parte de la producción se destinaba a un mercado informal”. Por eso insistió en que todavía quedarían 50.000 ampollas contaminadas en circulación, “un riesgo latente que obliga a repensar los controles estatales y a actuar con urgencia”.
Seguidamente, la diputada Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) señaló que la reunión con familiares estuvo atravesada por “el dolor y el trato deshumanizado tanto de profesionales de la salud como de la política”, y llamó a “humanizar la medicina y la gestión pública”. Afirmó que las víctimas pidieron, además, que se visibilice la posibilidad de que haya más casos: “La provincia reconoce 59 fallecidos, pero se utilizaron más de 1400 ampollas”, remarcó.
Claudia Balagué (FAS) sumó que hay familias que aún desconocen que sus allegados fueron inoculados con fentanilo adulterado y reclamó “avanzar en normas de trazabilidad y en una Ley Provincial de Salud que permita mayores controles”.