La contaminación del arroyo Ludueña, denunciada desde fines del año pasado por vecinos de la zona noroeste y por el concejal Julián Ferrero, llegó finalmente a la Justicia penal. Habitantes del sector y el edil presentaron este martes una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación para que se investiguen el vertido de líquidos servidos detectados en las inmediaciones del barrio privado Los Pasos del Jockey, y se determinen las eventuales responsabilidades penales.
La presentación sostiene que existe una descarga clandestina de efluentes cloacales hacia un desagüe pluvial que desemboca en el arroyo, una situación que, según los denunciantes, se repite desde hace meses y provoca un deterioro visible de la calidad del agua y un riesgo para la salud pública. La denuncia solicita la apertura de una Investigación Penal Preparatoria y la intervención del área especializada en delitos ambientales del Ministerio Público de la Acusación.
El conflicto había sido expuesto públicamente en febrero, cuando Ferrero –presidente de la comisión de Ecología y Medio Ambiente del Concejo municipal– difundió imágenes de un conducto que descargaba un líquido blanquecino sobre el Ludueña, frente al estadio mundialista de hockey «Luciana Aymar», y cerca de emprendimientos urbanísticos del sector oeste. El concejal había advertido entonces que el fenómeno se repetía a diario y que, pese a las denuncias administrativas, no existían respuestas concretas de los organismos competentes.
La presentación judicial realizada hoy en el Centro de Justicia Penal por la abogada Gabriela Durruty menciona actuaciones previas del Concejo Municipal y distintos expedientes tramitados ante el Ejecutivo local. Entre ellos figura un pedido de informes aprobado este año y un decreto que ordenó inspecciones en las inmediaciones del barrio privado para determinar si los efluentes son vertidos conforme a la normativa vigente y si existen permisos para esas descargas.
Los denunciantes también reclaman conocer qué medidas adoptaron el municipio, la provincia, Aguas Santafesinas (Assa) y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) ante las irregularidades detectadas. Entre los interrogantes planteados figuran eventuales sanciones, reparaciones de conductos, nuevas campañas de monitoreo y la elaboración de un plan específico de seguimiento ambiental del arroyo.
Como prueba, la denuncia incorpora fotografías, videos tomados por vecinos y estudios de calidad del agua realizados por la Universidad Nacional de Rosario, cuyos resultados, según se señala, presentarían valores incompatibles con los parámetros establecidos para el vertido de efluentes.
La presentación invoca la Ley General del Ambiente, la legislación provincial sobre saneamiento y residuos, y artículos del Código Penal vinculados a delitos contra la salud pública y la contaminación ambiental. Los denunciantes sostienen que la afectación del arroyo trasciende el daño paisajístico y puede implicar riesgos sanitarios para quienes viven en la zona.
Mientras la investigación comienza a recorrer el camino judicial, los vecinos insisten en que el problema continúa y reclaman medidas urgentes para detener los vertidos y recuperar uno de los principales cursos de agua de Rosario.