La comisión de Servicios Públicos del Concejo recibió a representantes de distintas organizaciones de taxistas, que expresaron su rechazo al proyecto del Ejecutivo para regular aplicaciones de viajes como Uber y DiDi.
Durante la audiencia, cuestionaron las condiciones de competencia con el sistema tradicional, advirtieron sobre posibles consecuencias económicas y laborales y reclamaron reglas equitativas para todas las modalidades de transporte de pasajeros.
La iniciativa de la Intendencia propone establecer un marco regulatorio específico para los servicios de intermediación de viajes mediante plataformas. El objetivo oficial es formalizar una actividad que actualmente funciona sin habilitación y establecer condiciones para controlar a las empresas, los conductores y los vehículos.
Durante el encuentro, la presidenta de la comisión de Servicios Públicos, Anahí Schibelbein, sostuvo que la propuesta apunta a fortalecer la intervención estatal. Según explicó, se busca conocer quiénes conducen, verificar las coberturas de los vehículos y controlar su estado técnico, al tiempo que se resguarda el sistema público de taxis.
Sin embargo, los representantes del sector plantearon que la regulación debe garantizar condiciones equitativas para todas las modalidades de transporte de pasajeros y cuestionaron las diferencias entre las obligaciones que deben cumplir los taxistas y las que se establecerían para quienes trabajen mediante aplicaciones.
Los reclamos
Uno de los principales puntos de conflicto fue la competencia entre el sistema tradicional de taxis y las plataformas digitales. Los taxistas cuestionaron las tarifas dinámicas de las aplicaciones, las comisiones que cobran a los conductores y las diferencias en materia fiscal y normativa.
Advirtieron que la incorporación de nuevas modalidades de transporte podría profundizar las dificultades económicas que atraviesa la actividad, afectar las fuentes laborales de los choferes y comprometer las cajas previsionales vinculadas al sector.
También expresaron preocupación por las estrategias comerciales de las plataformas, en particular por las tarifas promocionales que permiten atraer pasajeros, pero que, según sostuvieron, podrían perjudicar la sustentabilidad del sistema de taxis a largo plazo.
En ese contexto, reclamaron que el municipio garantice reglas claras y condiciones de prestación similares para todos los actores, con el objetivo de evitar que la incorporación de las aplicaciones profundice las desigualdades entre quienes ofrecen el servicio.
Seguridad y controles
La seguridad de los pasajeros también ocupó un lugar central durante la audiencia. Los representantes del sector insistieron en la necesidad de identificar a los conductores, verificar las condiciones técnicas de los vehículos y garantizar coberturas de seguro adecuadas.
Además, sostuvieron que las empresas que intermedian los viajes deben ajustarse a las normas que establezca el Estado y cumplir con las exigencias correspondientes para operar en Rosario.
El proyecto municipal contempla requisitos para las plataformas y los conductores, entre ellos permisos de explotación, licencia profesional, capacitación en género y derechos humanos, seguro vigente y condiciones específicas para los vehículos. Para los automóviles que no sean taxis o remises, la propuesta establece una antigüedad máxima de tres años.
La iniciativa también prevé un cupo inicial de 200 permisos durante el primer año de implementación y la creación de una tasa trimestral para los vehículos habilitados. Parte de los recursos recaudados se destinaría a financiar créditos para renovar unidades del sistema de transporte, mientras que el resto se incorporaría al Fondo Compensador del Transporte.
La discusión continuará este jueves en una reunión conjunta de las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno.