Micaela no quiere volver a casa

Micaela no quiere volver a casa


La aparición con vida de Micaela Albornoz en Florianópolis abrió una nueva etapa en la investigación sobre su desaparición. La mujer rosarina de 32 años, que era buscada desde el 24 de junio, manifestó ante las autoridades que no desea regresar a Rosario con su familia, mientras sus allegados solicitaron que se verifique que esa decisión haya sido tomada de manera libre y sin condicionamientos.

La novedad fue confirmada por Daniela Morales Leanza, abogada de la familia, quien reveló que el contacto con las autoridades se produjo luego de que la Fiscalía activara un alerta nacional e internacional para dar con su paradero.

«Ayer al mediodía se comunicó conmigo la Fiscalía. Una de las medidas implementadas era el alerta amarilla de Interpol. Así se supo que Micaela se había presentado en Florianópolis, en el consulado argentino, con intención de trasladarse a San Pablo», explicó la letrada en declaraciones a LT8.

Según detalló, Albornoz se presentó utilizando un documento nacional de identidad que no le pertenecía, circunstancia que hizo saltar las alertas emitidas, Interpol mediante. A partir de ese dato, las autoridades argentinas fueron notificadas y pudieron confirmar su identidad mediante el cotejo de huellas dactilares.

Micaela Albornoz se fue de su casa el 24 de junio.

Micaela Albornoz se fue de su casa el 24 de junio.

«Ahora están trabajando ambos países. Ella manifiesta que no quiere regresar. La familia reportó sus antecedentes de salud mental. Hay otros antecedentes de haber ocurrido lo mismo. No hay indicios de que haya un tercero en una situación de trata», sostuvo Morales Leanza.

La abogada indicó que actualmente intervienen la Cancillería argentina, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y las autoridades brasileñas para definir los pasos a seguir. No obstante, remarcó que la principal preocupación de la familia es que la voluntad expresada por Micaela sea constatada en condiciones plenas de libertad.

«La familia pide garantías de que esa manifestación de voluntad sea libre, que no se encuentre viciada. Que quede claro que es una manifestación tomada sin condicionamientos», afirmó.

Morales Leanza también aclaró que, en ausencia de indicios de un delito, las posibilidades de intervención del Estado son limitadas. «La persona apareció y ahora nadie la puede retener si esa es su voluntad«, explicó, al tiempo que recordó que el hecho de haber sido encontrada en otro país con un documento ajeno fue el elemento que permitió activar el mecanismo de identificación.

Por su parte, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini, confirmó que Albornoz «está bien» y destacó el trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público de la Acusación, Interpol y el Consulado Argentino en Florianópolis.

El funcionario explicó que el uso de un DNI apócrifo, perteneciente a una vecina de Rosario que había denunciado su extravío, fue determinante para localizarla. «Cuando presentó ese documento en el Consulado, el sistema indicó que tenía un pedido de búsqueda de paradero», señaló.

La desaparición de Micaela había generado una intensa búsqueda desde el 24 de junio, cuando dejó su vivienda del barrio Tablada. Su entorno advirtió desde un principio que atravesaba problemas de salud mental y que había estado internada.

Con el correr de las semanas, la investigación detectó movimientos en una cuenta bancaria en Córdoba y luego estableció que había comprado pasajes de colectivo utilizando el DNI de una vecina, con destino registrado hacia Santiago del Estero. Ante la falta de resultados, el Gobierno provincial llegó a ofrecer una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aportaran datos sobre su paradero.

El hallazgo en Florianópolis puso fin a la búsqueda, aunque abrió un nuevo escenario. La investigación ya no se centra en establecer dónde está Micaela, sino en garantizar que las decisiones que adopte respecto de su futuro respondan efectivamente a su voluntad y que, de confirmarse esa situación, puedan respetarse los derechos que le asisten como persona adulta.





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