Proponen medidas para facilitar el acceso al alquiler

Proponen medidas para facilitar el acceso al alquiler


Facilitar el acceso a una vivienda en alquiler, reducir los gastos iniciales y ampliar la oferta disponible son algunos de los objetivos de Vivienda Activa, la campaña que lanzaron en Rosario la diputada provincial Claudia Balagué y el concejal Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía (FAS). La iniciativa reúne proyectos legislativos de alcance provincial y municipal, cuya difusión continuará durante octubre con actividades y recolección de firmas.

La campaña comenzó esta semana en la esquina de Córdoba y Corrientes, donde los impulsores de las propuestas convocaron a vecinos a respaldar las iniciativas. Entre las principales medidas figuran un proyecto de Ley Provincial de Acceso Justo al Alquiler, presentado por Balagué, y una ordenanza de Alquiler Social para Rosario, promovida por Caruana.

El paquete contempla garantías públicas, asistencia para afrontar depósitos y otros gastos de ingreso a una vivienda, incentivos para que los inmuebles desocupados vuelvan al mercado locativo y un régimen específico para jóvenes que buscan independizarse. También propone que el Estado intervenga para facilitar el alquiler de propiedades ociosas, decomisadas, en situación de vacancia o subutilizadas.

La campaña se desarrolla en el marco de Octubre Urbano, una agenda de actividades vinculadas con ciudades y territorios sostenibles. Sus impulsores plantean que el acceso a la vivienda requiere herramientas públicas que complementen la oferta privada y atiendan las dificultades de los hogares con menores ingresos.

Leo Caruana y Claudia Balagué.

Leo Caruana y Claudia Balagué.

El acceso a la vivienda, en discusión

Balagué sostuvo que la compra de una casa propia se volvió una meta cada vez más difícil para amplios sectores de la población, mientras que el costo de los alquileres y de los servicios complica la independencia de los jóvenes.

“La gente nos cuenta que el sueño de la vivienda propia pasó de búsqueda a meta inalcanzable”, afirmó la legisladora. También señaló que los salarios deprimidos, el encarecimiento de los alquileres y la falta de créditos hipotecarios llevan a algunos jóvenes a regresar a sus hogares familiares.

Frente a ese escenario, la diputada explicó que su proyecto busca ampliar la oferta de viviendas disponibles y facilitar el acceso a contratos de alquiler mediante herramientas provinciales. Aclaró que la propuesta no apunta a fijar los precios ni a determinar quién puede alquilarle a quién, sino a reducir las barreras que enfrentan los inquilinos.

“Es posible sortear los obstáculos con herramientas concretas”, sostuvo Balagué, al plantear que el Estado debe intervenir ante el problema habitacional sin reemplazar las decisiones propias del mercado.

Un régimen de alquiler social para Rosario

Por su parte, Caruana explicó que la ordenanza municipal está orientada a personas y familias que tienen dificultades para acceder a un contrato formal o que se encuentran en riesgo de desalojo.

“El déficit habitacional no se resolvió aumentando la superficie construida: se autorizan más desarrollos inmobiliarios, pero ello no impacta en los sectores de ingresos medios y bajos”, afirmó el concejal.

El proyecto establece que el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat de Rosario sea la autoridad de aplicación del régimen. Entre sus herramientas contempla la utilización de inmuebles ociosos, decomisados, en vacancia o subutilización para incorporarlos a una oferta de alquiler social.

La iniciativa prioriza a hogares con dificultades para ingresar al mercado formal, inquilinos en riesgo de desalojo, familias monoparentales, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad habitacional.

Además, propone crear una mesa permanente de consulta con participación de la Universidad Nacional de Rosario, colegios profesionales, cooperativas de vivienda y organizaciones sociales.

Con la campaña, Balagué y Caruana buscan sumar respaldo ciudadano para que ambas propuestas avancen en la Legislatura provincial y el Concejo Municipal. El planteo común es ampliar las alternativas habitacionales y reducir las dificultades económicas que enfrentan quienes necesitan alquilar una vivienda.





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