La diputada provincial Lionella Cattalini presentó un proyecto de ley para crear un sistema público y gratuito de consulta sobre loteos y desarrollos urbanísticos en Santa Fe, con el objetivo de prevenir estafas y evitar que las familias compren terrenos sin conocer su situación administrativa y las condiciones de infraestructura.
La iniciativa tiene como trasfondo actual las denuncias contra el Grupo Roma, señalado por compradores por cobrar terrenos en distintos loteos de Rosario y la región sin concretar las entregas comprometidas. Los reclamos de los damnificados pusieron en discusión los mecanismos de control y la información disponible para quienes invierten sus ahorros en la compra de un lote.
La propuesta busca que cualquier interesado pueda consultar, antes de cerrar una operación, si un emprendimiento cuenta con las autorizaciones correspondientes, qué trámites administrativos están pendientes, cuáles son los servicios previstos y qué obras de infraestructura restan ejecutar.
“Cuando una familia decide comprar un lote para construir su única vivienda hace un esfuerzo enorme. Antes de tomar esa decisión tiene que poder saber si el desarrollo está autorizado, qué trámites faltan, qué servicios están garantizados y qué obras quedan pendientes”, explicó la legisladora.
Lionella Cattalini, autora de la iniciativa.
Información antes de comprar
Cattalini sostuvo que la iniciativa apunta a reducir la asimetría de información entre los desarrolladores inmobiliarios y los compradores. Según planteó, la existencia de un sistema de consulta permitiría conocer anticipadamente las condiciones de cada proyecto y detectar posibles irregularidades antes de comprometer dinero.
La diputada aclaró que la propuesta no busca obstaculizar la actividad privada ni modificar las atribuciones de los municipios. En cambio, propone que los datos que ya forman parte de los procedimientos de autorización estatal puedan consultarse de manera sencilla y centralizada.
“Hay muchos desarrolladores que trabajan bien, cumplen con los requisitos y tienen sus proyectos en regla. Pero cuando eso no sucede, el Estado tiene que garantizar que la información sea pública y accesible”, señaló.
En ese sentido, remarcó que los emprendimientos urbanísticos requieren autorizaciones y que quienes deciden comercializar lotes deben cumplir con las condiciones establecidas para su desarrollo.
Un antecedente provincial
El proyecto retoma como antecedente el Decreto 4109/16, firmado durante la gestión del exgobernador Miguel Lifschitz, y plantea actualizar esa experiencia mediante herramientas digitales que permitan reunir la información oficial sobre los desarrollos urbanísticos.
La iniciativa busca que los potenciales compradores puedan acceder a esos datos sin depender exclusivamente de la documentación que les proporciona el vendedor o de consultas individuales ante distintas reparticiones públicas.
“Lo que proponemos es que quien va a comprar pueda conocer esa información antes de poner sus ahorros en un lote”, sostuvo Cattalini, quien consideró que la disponibilidad de información oficial constituye una herramienta para proteger a las familias y aportar mayor transparencia al mercado inmobiliario.
El proyecto apunta así a que las condiciones administrativas y de infraestructura de cada loteo puedan verificarse antes de concretar la compra, en un contexto en el que las denuncias por operaciones incumplidas volvieron a poner el tema en agenda.