A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, un informe del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz (CESO) traza un balance con ganadores y perdedores claramente definidos. Según el análisis, la desaceleración de la inflación no logró revertir el deterioro social ni productivo, y consolidó un patrón distributivo que favoreció a grandes empresas, sectores exportadores y servicios regulados, en detrimento de trabajadores, jubilados, provincias y actividades orientadas al mercado interno.
El estudio sostiene que, tras un primer año marcado por un fuerte ajuste fiscal, devaluación e impacto sobre los ingresos reales, el segundo año consolidó un esquema de precios relativos y rentabilidades que benefició a los sectores con mayor poder de mercado, acceso al financiamiento y capacidad de dolarizar ingresos. La estabilidad macroeconómica, advierte el CESO, no se tradujo en una recuperación generalizada de la actividad ni del empleo.
Entre los sectores ganadores, el informe destaca a la agricultura, que creció 17,1% entre 2024 y 2025, impulsada por mejores condiciones climáticas y cambios impositivos, y a Minas y Canteras, con una suba del 16,1%, asociada a inversiones previas y a un marco regulatorio más favorable. También sobresalen los servicios regulados, beneficiados por una fuerte recomposición de precios.
En contraste, los sectores orientados al mercado interno muestran caídas significativas respecto del período previo al cambio de gobierno. En el promedio 2024–2025 frente a 2022–2023, la construcción retrocedió 15,8%, la industria manufacturera 10,3% y el comercio 6,1%. El freno a la obra pública, la apreciación cambiaria y la apertura importadora aparecen como factores centrales de este deterioro.
El impacto también se refleja en el empleo. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se perdieron más de 50.000 puestos registrados en la construcción y más de 46.000 en la industria. Las mayores caídas se concentraron en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, mientras que Neuquén mostró una suba asociada al sector energético. El empleo total, señala el CESO, se sostuvo principalmente a través del aumento de la informalidad, con unos 300.000 trabajadores informales más en dos años.
En el plano de los ingresos, el informe identifica a los salarios públicos y a los jubilados que cobran la mínima como los principales perdedores. Los primeros acumularon una caída real del 14%, mientras que las jubilaciones mínimas retrocedieron un 8%, afectadas, entre otros factores, por el congelamiento del bono en 70.000 pesos.
El ajuste fiscal, concluye el CESO, se concentró en el gasto social, la inversión pública, la educación y las transferencias a las provincias. Entre 2023 y 2025, el gasto de capital cayó casi 80%, las transferencias a provincias 64% y el gasto universitario 40%. Por su peso en el presupuesto, las prestaciones sociales explicaron más de una cuarta parte del ajuste total, con jubilados y pensionados como principal variable de recorte.