El Concejo Municipal de Rosario aprobó una actualización del régimen de edificaciones en áreas comunes de edificios, con especial foco en las construcciones realizadas en azoteas, terrazas y sectores como quinchos o salones. La normativa busca ordenar los usos, evitar ampliaciones encubiertas de viviendas y garantizar condiciones de seguridad y convivencia en los consorcios.
Uno de los puntos centrales de la ordenanza establece que cualquier obra realizada en la azotea no podrá transformarse en una unidad funcional independiente, ni anexarse o fusionarse —de manera temporal o permanente— con departamentos u oficinas ya existentes. Además, queda prohibido destinar estos espacios a usos residenciales, comerciales o con fines de lucro.
La regulación también fija parámetros estrictos sobre las dimensiones permitidas. Las nuevas construcciones no podrán superar los tres metros de altura ni ocupar más del 60 por ciento de la superficie total de la azotea. Según explicaron los concejales, estas restricciones buscan preservar la calidad estructural de los edificios y evitar intervenciones que alteren su volumetría original.
Otro punto relevante es que los consorcios que soliciten habilitación para este tipo de obras deberán pagar una contribución compensatoria por el “aprovechamiento exceptivo de altura”. Se trata de un mecanismo utilizado para equilibrar el uso intensivo del espacio urbano y asegurar recursos para obras públicas y planificación urbana.
Durante el debate intervinieron referentes de distintos bloques, entre ellos Fabrizio Fiatti (Arriba Rosario), presidente de la comisión de Planeamiento; Agapito Blanco (Juntos por el Cambio); María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular); Jesica Pellegrini (Ciudad Futura) y Norma López (Justicia Social). Los argumentos se centraron en la necesidad de aggiornar la norma frente a la creciente cantidad de intervenciones informales en terrazas y espacios comunes.
La votación final reflejó posiciones divididas: 19 concejales acompañaron la iniciativa, mientras que 7 se pronunciaron en contra. Quienes apoyaron la medida destacaron que brinda claridad legal y protege el espacio común; los críticos alertaron sobre posibles impactos en los costos para los consorcios y la burocratización del proceso.
Con la ordenanza ya sancionada, el Ejecutivo municipal deberá reglamentar su implementación y definir los procedimientos para solicitar las autorizaciones correspondientes, así como los mecanismos de control para verificar que las construcciones se ajusten a lo aprobado.