Funcionarios del Ministerio de Seguridad brindaron este viernes detalles sobre los alcances de la ley de regulación de las agencias de seguridad privada, recientemente sancionada por la Cámara de Diputados. La norma, que consta de 70 artículos, establece un marco legal para la prestación de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas y bienes por parte de empresas privadas en toda la provincia, reemplazando la regulación vigente desde 1991.
Uno de los objetivos centrales de la ley es optimizar el uso del recurso policial en la vía pública, reduciendo el número de intervenciones innecesarias ante falsas alarmas. El director provincial de Emergencias 911, Pablo Polito, explicó que en Rosario los llamados por alarmas representan más del 30 % de la operatividad policial en la calle, y que de más de 150 mil llamados registrados este año, solo 350 correspondieron a incidencias reales. Según Polito, la nueva normativa permitirá medir las incidencias y orientar los móviles policiales únicamente a situaciones verificadas.
La ley también establece la creación de un registro de empresas de seguridad privada, detallando los tipos de servicios autorizados y las características que deben cumplir los titulares y empleados. Asimismo, incluye un capítulo sobre el uso de armas en el ejercicio de estas actividades.
“La ley regula tanto la seguridad física, a cargo de los vigiladores, como la seguridad electrónica”, indicó la subsecretaria de Articulación y Enlace con el Sector Privado, Karina Chumpitaz. La funcionaria agregó que el primer paso será implementar un registro de empresas, con el fin de garantizar competencia leal y profesionalizar al sector, incluyendo certificaciones internacionales y estándares para el uso de tecnologías como drones o tótems de vigilancia.
La normativa prevé sanciones para las empresas no registradas y beneficios para aquellas que cumplan con los requisitos establecidos. Según los funcionarios, la iniciativa busca consolidar la seguridad privada como un complemento del sistema de seguridad pública y del plan provincial de seguridad.
“El objetivo final es brindar al ciudadano una mejor seguridad pública, incorporando a la seguridad privada como apoyo dentro del marco legal”, concluyó Chumpitaz.