Tres empleados municipales fueron imputados por una presunta maniobra de desvío de fondos de la Municipalidad de Cañada de Gómez y de su Caja de Jubilaciones y Pensiones.
Según la Fiscalía, entre noviembre de 2025 y junio de 2026 se habrían transferido irregularmente millones de pesos desde una cuenta institucional hacia cuentas bancarias personales, mediante falsas registraciones de pagos a jubilados. El perjuicio económico preliminar supera los $77 millones.
La investigación está a cargo del fiscal Santiago Tosco, quien atribuyó a los tres involucrados el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores.
De acuerdo con la acusación, la principal investigada, identificada como F.F., se desempeñaba como encargada de la Caja de Jubilaciones municipal y habría encabezado las maniobras aprovechando su función de control final sobre la liquidación y el pago de los haberes previsionales.
La Fiscalía sostiene que, entre noviembre de 2025 y junio de 2026, realizó transferencias desde la cuenta institucional del municipio en el Banco Credicoop hacia su cuenta personal.
Para concretar los movimientos, presuntamente se consignaban pagos a nombre de beneficiarios fallecidos o inexistentes y de terceros ajenos al sistema previsional. El monto acreditado de manera irregular en su cuenta fue estimado inicialmente en $25.319.467,34.
La segunda imputada, M.A.F., trabajaba como empleada administrativa de la Caja y habría colaborado con la maniobra entre enero y junio de 2026. Según la investigación, participó en la alteración del proceso de liquidación de haberes para desviar fondos públicos hacia su cuenta bancaria personal. En este caso, la suma preliminar asciende a $24.647.169,02.
Por su parte, H.C., también empleado municipal y vinculado personalmente con F.F., habría integrado la estructura destinada al desvío de dinero. La Fiscalía le atribuye haber recibido transferencias desde la cuenta institucional sin respaldo ni justificación dentro del padrón previsional. El monto señalado en su caso es de $27.040.079.
En total, las sumas atribuidas a los tres imputados superan los $77 millones. La investigación apunta a establecer cómo se realizaron las operaciones y el alcance del perjuicio patrimonial ocasionado al municipio y a la Caja de Jubilaciones.
El juez Álvaro Campos dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva por un plazo de 90 días. Durante ese período, los imputados deberán fijar domicilio, presentarse una vez por mes ante la Oficina de Gestión Judicial y no salir del país sin permiso.