La presentación de tres proyectos distintos de reforma electoral por parte de los socios de Unidos terminó de confirmar que la coalición oficialista, una vez más, no logra unificar una posición rígida sobre uno de los cambios institucionales más importantes que deberá afrontar la Legislatura.
Aunque las iniciativas comparten algunos ejes, también exhiben diferencias de enfoque y prioridades que anticipan una negociación interna compleja y que condiciona la agenda legislativa del gobernador Maximiliano Pullaro.
Haciendo un repaso de los tres proyectos de reforma electoral presentados este jueves por Unidos, la primera diferencia es que las iniciativas del radicalismo y del socialismo plantean reformas estructurales del sistema, mientras que UNO –el partido aliado que dirige el pastor Walter Guione– propone una adecuación más acotada para adaptarlo a la nueva Constitución.
Pero más allá del contenido técnico, las iniciativas reflejan distintas miradas políticas sobre cómo encarar la reforma. Así, mientras el socialismo apuesta por una transformación institucional profunda del sistema electoral, el radicalismo pone el acento en reorganizar el régimen de partidos políticos. Finalmente, UNO propone adecuar la legislación vigente e introducir cambios específicos.
No obstante, los tres proyectos presentan una coincidencia central de cara, principalmente, a las elecciones que se vienen. Todos reivindican la figura de las PASO, y dos de ellos (el socialismo y UNO) señalan la necesidad de mantener la Boleta Única de Papel. El partido celeste, además, incorpora la figura del voto lista completa y la posibilidad de incorporar la boleta electrónica.
La agenda legislativa de Pullaro volvió a chocarse con la interna de Unidos
Hilando fino, el proyecto del socialismo es el proyecto más ambicioso desde el punto de vista institucional, dado que propone sancionar un Código Electoral y de Partidos Políticos completamente nuevo, reemplazando la «dispersión normativa» vigente.
Propone un Código Electoral unificado, a partir de los principios rectores de transparencia, igualdad, integridad, participación y accesibilidad, y busca «modernizar» el proceso en relación a padrones, cronogramas, campañas, fiscalización, escrutinio y autoridades de mesa. Crea también la figura del Juez Electoral Provincial permanente y una Oficina de Gestión Judicial especializada.
Finalmente, busca regular «integralmente» el funcionamiento de los partidos políticos, manteniendo las PASO y conservando la Boleta Única de Papel, sumando normas sobre derechos políticos, acceso a la información, publicidad electoral y organización judicial.
El del radicalismo también propone una reforma amplia, aunque en lugar de centrarse en la organización judicial del proceso electoral, pone el foco en la vida interna de los partidos políticos y en las reglas de competencia electoral. Plantea una nueva Ley de Organización de Partidos Políticos y Régimen Electoral, que regula la constitución, funcionamiento, financiamiento y control de los partidos.
Para ello, establece reglas concretas para la conformación de alianzas, confederaciones y elecciones internas, reforzando los requisitos de «transparencia patrimonial». Incorpora asimismo las «incompatibilidades e inhabilidades» para ser candidatos partidarios. El proyecto radical también propone mantener las PASO.
Y, como se dijo, el de UNO, solo firmado por el diputado Walter Ghione, es el proyecto más breve y puntual de los tres ya que solo modifica algunas leyes para «adecuarlas» a la nueva Constitución. Establece no obstante definiciones claves: ratifica las PASO, mantiene la Boleta Única de Papel, habilita la futura implementación de la Boleta Única Electrónica y establece un piso del 3,5% del padrón para acceder al reparto de bancas.
También introduce el casillero de «voto lista completa» para gobernador-diputados e intendente-concejales, y ratifica el sistema D’Hondt.
Todos estos puntos se podrán en debate durante las próximas semanas en la Legislatura santafesina. Mientras tanto, el dato político es que Unidos no logra sintetizar una propuesta común para una de las reformas institucionales más relevantes del mandato del gobernador Pullaro.