Un grupo de dirigentes políticos de la oposición y exlegisladores presentó una acción de amparo judicial para suspender la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el gobierno de Javier Milei introdujo modificaciones de fondo en la Ley de Inteligencia Nacional.
La demanda fue presentada ante la Justicia federal en lo contencioso administrativo por Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Manuel Garrido y otros exfuncionarios. Además del amparo, solicitaron una medida cautelar urgente y dejaron abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema a través del mecanismo excepcional del per saltum.
En el escrito, los demandantes cuestionaron la constitucionalidad del decreto al considerar que amplía de manera indebida las facultades de los organismos de inteligencia, sin debate parlamentario ni control judicial previo. Señalaron que la reforma se implementó sin pasar por el Congreso y vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía.
Según el planteo, el DNU habilita tareas de inteligencia y contrainteligencia basadas en conceptos “amplios y vagos”, como “influencia” o “injerencia”, lo que —advirtieron— genera un riesgo concreto de vigilancia estatal sobre actividades políticas, sociales, periodísticas y comunicacionales protegidas por la Constitución.
Finalmente, los accionantes sostuvieron que la vigencia del decreto puede provocar daños “irreversibles o de muy difícil reparación” en derechos como la privacidad, la libertad de expresión y la protección de datos personales. También objetaron el uso del DNU para una reforma estructural y permanente, al afirmar que no existió una situación de necesidad y urgencia que justificara evitar el debate legislativo.