La semana que cierra fue particularmente movida para la cartera de Igualdad y Desarrollo Humano, a cargo de la ministra Victoria Tejeda, tras el estallido de un conflicto social que tuvo lugar en la sede de la propia dependencia, ubicada en la ciudad de Santa Fe.
Sucedió el martes, cuando el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) realizó una protesta dentro del Ministerio para exigir respuestas sobre la continuidad de programas que sostienen a más de 700 trabajadores de la economía popular.
Desde la organización aseguraron que la manifestación fue pacífica, tras casi dos años de pedidos de reunión sin éxito, y denunciaron que no fueron recibidos por ningún funcionario, que solo recibieron un “reto” por parte de la ministra y que fueron escoltados por la policía, sin motivo alguno.
En diálogo con Rosario Plus, referentes del MTE explicaron que el martes ingresaron al hall del ministerio para pedir una reunión tras “23 meses de intentar dialogar”. Aseguraron que se sentaron en el piso, sin bloquear la circulación, y que permanecieron “custodiados por la policía” tanto adentro como afuera del edificio. “El lugar nunca fue tomado. Siempre hicimos caso a la policía, pero no nos recibieron”, remarcaron.
El Gobierno provincial, en cambio, acusó al MTE de interrumpir el funcionamiento del edificio, intimidar al personal e intentar presionar con métodos “violentos”, por lo que anunció suspender “todos los programas vinculados a la organización” y evalúa acciones legales, aunque niguna de estas medidas aún fue ejecutada.
Quien se pronunció fue el subsecretario de la cartera, Mariano Cejas, quien afirmó que la Provincia “no va a permitir este patoteo” y rechazó que existan convenios caídos: “Todos están vigentes, ellos son beneficiarios de programas del Ministerio. No hay ninguno que se termine, pero tampoco podemos hacernos eco de pedidos imposibles”, dijo.
Desde el MTE, por contrapartida, señalaron que el martes permanecieron dentro del edificio hasta las 14, cuando les pidieron volver al día siguiente. El miércoles regresaron solo cinco representantes, pero no fueron atendidos por ningún funcionario: “Un policía llamó a otro policía para notificarnos que no iban a hablar con nosotros hasta que la ministra Tejeda se le ocurra llamarnos”, remarcaron. También aseguraron que nunca tomaron el edificio y que seguirán pidiendo una audiencia con la ministra Tejeda para retomar el diálogo.
Por eso anticiparon que podrían presentar un amparo judicial para garantizar alimentos para sus merenderos y la continuidad de los convenios. “Si nos quieren sacar el alimento para nuestros merenderos, vamos a tratar de poner un amparo. Necesitamos que nos den respuestas para saber qué va a pasar. No estamos robando nada. Es nuestro derecho”, sostuvieron.