Un operativo de desalojo realizado este lunes en la comunidad originaria Santa Rosa, en Humahuaca, derivó en una fuerte denuncia por parte de sus integrantes, quienes aseguraron que la intervención policial dejó al menos diez personas heridas y tres viviendas destruidas. Según relataron, efectivos de Infantería y de la Policía avanzaron sobre el predio con gases lacrimógenos y disparos con balas de goma mientras las familias intentaban impedir el derribo de sus hogares.
El vicecomunero Ángel Mendoza sostuvo que entre las personas afectadas había menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. De acuerdo con su testimonio, las pertenencias de las familias fueron retiradas de las viviendas antes de que una máquina pesada demoliera por completo las construcciones. Tras el operativo, representantes de la comunidad se presentaron ante la fiscalía para ampliar la denuncia y reclamar la intervención de las autoridades.
Los integrantes de Santa Rosa también denunciaron que varios comuneros resultaron heridos por impactos de perdigones de goma. Según indicaron, los disparos se habrían realizado a corta distancia y de manera directa al cuerpo, provocando lesiones que requirieron asistencia médica. Las circunstancias del procedimiento forman parte de las actuaciones judiciales iniciadas a partir de la denuncia.
Violento desalojo en una comunidad originaria de Humahuaca
Otro de los puntos señalados por la comunidad es la situación de varios menores de edad pertenecientes a las familias desalojadas. Los denunciantes afirmaron que niños de entre 1 y 7 años fueron retirados del lugar durante el operativo y reclamaron información sobre su ubicación. El planteo fue incorporado a la presentación realizada ante la fiscalía, donde solicitaron respuestas urgentes sobre el procedimiento aplicado.
El conflicto se desarrolla en el marco de una disputa territorial interna vinculada a la posesión de una parcela de tierra. Desde la conducción de la comunidad sostienen que la orden judicial que dio origen al desalojo se apoyó en documentación cuya validez cuestionan y afirmaron que existen irregularidades en el proceso.
Tras el procedimiento, las familias afectadas reclamaron asistencia urgente para las personas que quedaron sin vivienda y exigieron una investigación sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. También solicitaron que se esclarezcan las circunstancias del operativo y que se garantice la protección de los derechos de los integrantes de la comunidad.